Aún abiertos procesos judiciales contra exgobernadores: Fiscalía

Tras información expedida por el IFSE desde el 2021, a la fecha se han podido integrar varias carpetas de investigación por supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, revela Manuela García Cázares

En San Luis Potosí los procesos judiciales a exgobernadores por anomalías públicas siguen latentes, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene aún en procesos abiertos diversas carpetas de investigación por supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) María Manuela García Cázares dio a conocer que gracias a información expedida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) desde el año 2021 a la fecha han podido integrar varias carpetas de investigación, las cuales continúan abiertas recabando pruebas para emitir fichas de aprehensión con los argumentos suficientes, pero por cuestión de confidencialidad, prefirió abundar sobre los posibles involucrados.

La abogada del estado dijo que, “Sobre esas investigaciones nosotros tenemos ahorita algunas cuentas en conocimiento por parte de la auditoría (IFSE), sin embargo, por el sigilo de la investigación no te puedo dar mayor información”, justificó.

Además comentó que en los meses restantes del 2025 pueda generarse nuevos avances en las investigaciones que fueron promovidas por el gobierno de Ricardo Gallardo en contra de exfuncionarios estatales que pudieran estar vinculados con la comisión de algún delito.

García Cázares aseveró que, “Nadie se ha liberado de denuncias, siguen en transcurso y la fiscalía es la que dará a conocer en su momento el informe correspondiente en torno al avance o condiciones en que se encuentran dichas carpetas de investigación”, añadió.

Cabe recordar que al inicio de su gestión el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) denunciaron públicamente varias irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de exfuncionarios estatales.

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