Orlando y Doral aprueban colaborar con ICE pese al rechazo social.
Florida, el tercer estado con más migrantes de Estados Unidos, ha intensificado su política migratoria al activar el acuerdo 287(g) en numerosas ciudades. Este convenio permite a policías locales colaborar directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en labores de detención y verificación migratoria. Ciudades como Doral y Orlando, de mayoría latina, se han sumado recientemente, pese al creciente rechazo vecinal y de organizaciones de derechos humanos.
En Doral, donde más del 70% de la población es migrante y casi la mitad es de origen venezolano, el Concejo municipal aprobó que su policía actúe bajo directrices de ICE. Activistas locales han denunciado esta decisión como una “traición”, considerando que pone en riesgo a miles de familias migrantes que han contribuido al crecimiento económico y social de la región.
Una situación similar ocurre en Orlando, ciudad emblemática por sus parques temáticos, donde un 36% de los habitantes son hispanos. A partir de esta semana, policías locales serán entrenados por ICE, con lo cual se institucionaliza la participación de autoridades municipales en operativos migratorios, generando temor entre residentes indocumentados y aquellos con estatus temporales como el TPS.
El gobernador Ron DeSantis ha sido uno de los impulsores más activos de esta estrategia. Ha presionado a los gobiernos locales a adoptar políticas más agresivas contra los migrantes, incluyendo amenazas de destitución para alcaldes y funcionarios que se opongan, como ocurrió en Fort Myers y Orlando, donde incluso se envió una carta intimidatoria al alcalde Buddy Dyer.
La expansión del acuerdo 287(g) se ha replicado ya en más de 100 agencias gubernamentales y condados en Florida. Municipios como Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, así como universidades públicas como FIU, UF y FAU también se han alineado con esta política, normalizando la colaboración con autoridades migratorias federales.
El concejal venezolano de Doral, Rafael Pineyro, justificó la medida asegurando que se enfocará en personas con antecedentes penales y que “la comunidad transita por todo Miami-Dade, no se quedan en una ciudad”. Además, defendió el control vehicular afirmando que quienes no tienen documentos “no deberían manejar”, culpándolos del alza en los seguros de auto.
Sin embargo, organizaciones como el Caucus Venezolanoamericano advierten del impacto negativo. “No me puedo imaginar la desconfianza que va a generar entre la comunidad y la policía este acuerdo”, señaló su directora Adelys Ferro, apuntando al deterioro del vínculo comunitario y al miedo generalizado que ya se vive entre los migrantes.
La política estatal se refuerza con el recién creado Panel de Responsabilidad de las Fuerzas del Orden (LEAD, por sus siglas en inglés), anunciado por el director de migración Larry Keefe. Esta herramienta permitirá denunciar anónimamente a las agencias que no colaboren con las leyes migratorias, intensificando así la vigilancia interna en medio de un ambiente cada vez más hostil para las comunidades migrantes.
