El expresidente de Perú y su esposa son sentenciados tras recibir dinero ilícito para su campaña electoral.
El tribunal de Perú condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos tras recibir dinero de empresas brasileñas para financiar su campaña presidencial en 2011. La investigación, que comenzó en 2016, concluyó con esta sentencia, en un proceso judicial que ha sido uno de los más sonados en el país debido a la conexión con el escándalo internacional Lava Jato.
Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, y su esposa, negaron las acusaciones, describiéndolas como una «persecución política». El fiscal había solicitado una pena de 20 años para Humala y 26 para Heredia, pero el tribunal decidió imponerles una condena de 15 años a ambos. La pena será cumplida, probablemente, en una base policial construida especialmente para albergar a expresidentes, en la que también se encuentran Alejandro Toledo y Pedro Castillo, quienes están involucrados en casos de corrupción.
La acusación de la fiscalía señala que Humala y Heredia incrementaron su patrimonio personal a través de «aportaciones ilícitas» recibidas de la constructora brasileña Odebrecht (ahora Novonor) y de OAS, destinadas a financiar la campaña electoral de Humala en 2011. Según los fiscales, este dinero fue usado para respaldar la candidatura del expresidente y su partido, el Partido Nacionalista.
Este fallo constituye la segunda sentencia relacionada con el escándalo Lava Jato, después de la condena de 20 años para Toledo el año pasado por recibir sobornos de Odebrecht. El caso ha puesto de nuevo bajo la lupa la corrupción en las altas esferas políticas del país, y se espera que tenga repercusiones en otras investigaciones, incluida la de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y ex candidata presidencial.
La condena a Humala y Heredia también podría sentar un importante precedente para futuras investigaciones sobre lavado de activos en la política peruana, particularmente en lo que respecta a los nexos con las grandes constructoras brasileñas que han estado involucradas en el financiamiento ilícito de campañas políticas en América Latina.
