Su familia promovió un juicio de amparo ante la negativa del IMSS de brindarle el tratamiento correspondiente
Julieta, una niña de tres años de edad, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, escoliosis e hipoacusia severa, se convirtió en la primera menor con discapacidad en San Luis Potosí en recibir un implante coclear por orden judicial, luego de que su familia promoviera un juicio de amparo ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de brindarle el tratamiento correspondiente.
La resolución fue emitida por el Juzgado Octavo de Distrito y constituye un precedente relevante en la defensa del derecho a la salud sin discriminación.
La familia de Julieta impulsó diversas acciones para que la niña recibiera la atención médica que requería, pero ante la negativa del IMSS de iniciar el protocolo médico correspondiente, comenzaron a acudir a consultas particulares para obtener valoraciones y diagnósticos que respaldaran la urgencia del tratamiento.
A pesar de los informes médicos que confirmaban que Julieta era candidata para implantes cocleares, el instituto se negó a actuar, argumentando que su parálisis cerebral limitaba el beneficio del procedimiento.
Frente a esta omisión, se promovió un juicio de amparo con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, especialista en derecho familiar, quien señaló como acto reclamado la omisión institucional y la discriminación por motivos de discapacidad.
“La negativa no se basaba en criterios médicos, sino en prejuicios. Afirmar que no vale la pena colocar un implante a una niña con parálisis cerebral es una forma de negar su derecho a desarrollarse plenamente”, afirmó la abogada.
El amparo fue concedido y ordenó al IMSS activar el protocolo médico, subrogar la atención especializada en un hospital de la capital potosina y garantizar tanto la colocación de ambos implantes como el acceso a terapias de seguimiento.
El Juzgado Octavo de Distrito advirtió que, de no cumplirse la totalidad de la sentencia, se dará vista a las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables. “Este caso deja claro que no es la discapacidad la que impide el acceso a derechos, sino las barreras que colocan las propias instituciones”, añadió Fátima Viera.
