El cruce de información entre agencias de EE.UU. podría exponer a millones de indocumentados que han cumplido con sus impuestos.
Por más de 20 años, María Ramírez ha declarado sus impuestos con su Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN), convencida de que cumplir con sus deberes fiscales era una muestra de responsabilidad y arraigo. Hoy, como millones de migrantes indocumentados, vive con miedo: un nuevo acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) podría ponerla en riesgo de deportación.
El convenio firmado establece que el DHS podrá remitir al IRS nombres y direcciones de personas con órdenes de deportación para verificar su identidad. Aunque en teoría el objetivo es confirmar información específica, activistas y legisladores demócratas consideran que abre la puerta a un uso político e indiscriminado de datos confidenciales.
El senador Alex Padilla calificó el acuerdo como “una traición” a décadas de garantías federales que protegían la privacidad de los contribuyentes. A su vez, se reveló que la directora interina del IRS, Melanie Krause, renunció tras diferencias con el contenido final del pacto, lo que aumentó la controversia.
Según fuentes del DHS, las consultas iniciales afectarían a unos dos millones de contribuyentes, con la intención de eventualmente buscar a siete millones más. Esto genera un ambiente de miedo entre quienes han declarado sus impuestos con ITIN, especialmente en fechas cercanas al 15 de abril, cuando vence el plazo para hacerlo.
El abogado de inmigración Alex Gálvez recomendó a sus clientes no incluir direcciones residenciales en sus declaraciones y usar apartados postales, como una forma de protección ante posibles rastreos.
Ramírez lamenta no haber esperado a consultar con un abogado antes de enviar su declaración. “Ahora ya saben dónde vivo, dónde trabajo. Es muy angustiante”, afirmó.
El impacto también podría sentirse en las finanzas públicas. Tan solo en 2022, los migrantes indocumentados aportaron cerca de 100 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Una posible deserción de estos contribuyentes afectaría seriamente los ingresos fiscales.
Diversos legisladores y organizaciones han solicitado una investigación federal para determinar si el acuerdo entre IRS e ICE viola las leyes de confidencialidad. Entre tanto, el temor crece en comunidades que durante la pandemia fueron esenciales, pero que hoy sienten que Estados Unidos les ha dado la espalda.
