El alcalde capitalino busca sacar las manifestaciones de las calles, desatando críticas por autoritarismo y censura
En una declaración que evoca prácticas represivas del pasado, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, propuso que las manifestaciones ciudadanas se realicen únicamente en plazas públicas y no en las calles. Alegando motivos de orden y movilidad, su planteamiento ha sido interpretado por sectores ciudadanos como un intento de silenciar la protesta social y restringir el derecho constitucional a la libre expresión.
Galindo argumentó que debe prevalecer el diálogo antes de aplicar sanciones, sin embargo, su historial al frente de cargos de seguridad y su desempeño como alcalde contradicen ese discurso. La propuesta ha sido ampliamente cuestionada por tratar de imponer límites espaciales a la protesta, ignorando que históricamente las calles han sido escenario de lucha y expresión pública en México.
El edil incluso se atrevió a comparar las manifestaciones en San Luis Potosí con las de Estados Unidos, afirmando que allá se protestaba «con cultura y reglamentos». Esta comparación ha sido criticada por minimizar la riqueza y profundidad de la historia de resistencia mexicana, donde las calles han sido clave para el avance de los derechos civiles.
Cabe recordar que Galindo ha sido señalado en el pasado por acciones represivas. Como ex comisionado general de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estuvo involucrado en la operación de Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, donde ocho personas perdieron la vida tras un operativo violento. Pese a las denuncias de organismos nacionales e internacionales, nunca enfrentó consecuencias legales por ello.
En su administración local, el hoy alcalde ha continuado con estás prácticas. En 2023, habitantes de El Saucito denunciaron represión tras manifestarse contra una obra pública con un amparo. La respuesta del gobierno municipal incluyó actos de intimidación y uso de fuerza pública, evidenciando una actitud poco tolerante ante la disidencia.
Más que una medida de orden, lo que Enrique Galindo propone es una forma de censura. Limitar la protesta a espacios previamente autorizados implica desactivar su potencia simbólica y política. En una democracia, los derechos a la libre manifestación y expresión deben garantizarse en todos los espacios públicos, no restringirse para comodidad del poder.
