Se mantiene suspensión de proceso penal por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez; familiares exigen justicia a dos años de la tragedia.
Un tribunal federal de apelación ratificó la suspensión del proceso penal contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, imputado por ejercicio ilícito del servicio público tras el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos. El fallo confirma la decisión del juez Víctor Manlio Hernández Calderón, quien impuso medidas cautelares por 18 meses, como mantener residencia fija, ofrecer disculpa pública, tomar cursos de derechos humanos e indemnizar a víctimas.
La Fundación para la Justicia, que representa a víctimas, impugnó la suspensión por carecer de diálogo con afectados y considerar inválida la reparación del daño por parte del Estado como una acción personal de Garduño. El tribunal argumentó que el enfoque debía centrarse en una “reparación integral” y señaló que los más de 100 millones de pesos otorgados por el Estado serían imposibles de cubrir por el funcionario solo.
Está programado que el próximo miércoles 16 de abril Garduño ofrezca una disculpa pública. A pesar de los pagos reportados por el comisionado —más de 240 millones de pesos—, familiares denuncian abandono institucional y exigen justicia real. En una carta abierta, acusan que la tragedia sigue impune y que las víctimas fueron tratadas como criminales, no como seres humanos. “Hasta cuándo ser migrante será un delito”, cuestionan.
