Organizaciones civiles advierten que la elección popular de jueces abre la puerta a la corrupción, la impunidad y la infiltración del crimen organizado.
A menos de dos meses de las primeras elecciones populares de jueces y magistrados en México, al menos 13 candidatos han sido señalados por vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales, negligencia institucional y relaciones con sectas político-religiosas, según el grupo Defensorxs, que documenta estos casos en el portal Justicia en la mira.
Entre los perfiles más polémicos destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy candidata a jueza penal en Chihuahua. También figura Francisco Herrera Franco, exfiscal apodado “el fiscal del terror” y hoy candidato a juez federal en Michoacán, vinculado al asesinato de periodistas.
La polémica se intensificó tras la candidatura de Nicollino Cangiamilla en Sonora, exdirector del sistema penitenciario estatal acusado por el colectivo Ni Una Más Hermosillo de omisiones graves en el caso de Paula Josette, joven fallecida en una visita conyugal bajo circunstancias violentas. En vez de responder a los señalamientos, Cangiamilla denunció al colectivo ante el INE y exigió identificar a sus integrantes, lo que ha sido calificado como un acto de represión contra activistas feministas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al INE investigar antecedentes de los aspirantes antes de validar sus candidaturas. “Estamos ante un proceso inédito, pero sin garantías ni filtros reales”, advierten. El 1 de junio, casi 100 millones de votantes elegirán 881 cargos judiciales, incluida la Suprema Corte, tras una controvertida reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió convertir a México en “el país más democrático del mundo”, la oposición y la sociedad civil alertan que esta reforma podría abrir la puerta a la captura del poder judicial por parte del crimen y el poder político.
