Una inhabilitación de un año para los funcionarios que desviaron recursos del Hospital Central es poco, pero el final de cuentas es un mensaje de que no habrá impunidad, expresó Guadalupe González
La organización Ciudadanos Observando señaló que, desde el año 2021 habían denunciado que, en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” estaban realizando pagos millonarios a empresas fantasmas, pero en lugar de tomar acciones contundentes durante la administración de Juan Manuel Carreras, se encubrió el caso y nunca se investigó.
El vocero, Guadalupe González consideró que, una inhabilitación de un año para los funcionarios que desviaron recursos del Hospital Central es poco, pero el final de cuentas es un mensaje de que no habrá impunidad.
Detalló que, fueron varias organizaciones ciudadanas entre ellas Ciudadanos Observado, quienes pusieron una denuncia ante la Cofepris porque en la Fiscalía General de la República les dijeron que ese era el camino, “que nosotros no podíamos ponerla directamente, entonces ahora pedirle a Gobierno del Estado que trabaje con la Cofepris para que se ponga la denuncia en la fiscalía”.
Añadió que, también se puso una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para que se rastreara todo el dinero que recibieron las empresas fantasma, “fue un primer paso y nosotros estamos exigiendo que se investigue a fondo porque inclusive pueden estar involucrados notarios que les autorizaban a este red de corrupción, que se creaban las empresas y si ustedes revisan las empresas que facturaron, todas están relacionadas entres si y, hay personajes políticos detrás de ellas, por eso nuestra existencia es que se vaya a fondo y se pongan las denuncias penales”.
Guadalupe González reconoció que, el castigo impuesto por el TEJA es insignificante comparado con el daño que hicieron, “por eso sé que vaya a fondo porque además se utilizó medicamente falsificado y no puede quedar impune”.
Recordó que, estas irregularidades las dieron a conocer en el 2021 por una investigación hecha entre los años 2015 a 2019, donde se realizaron pagos a facturas de fantasmagóricas empresas por 120 millones de pesos, entre los cuales, 4 millones de pesos están relacionados con medicamentos presumiblemente falsificados, de acuerdo a información de COFEPRIS y Laboratorios Roché.
“Todas las compras de estos medicamentos oncológicos en el Hospital Central fueron por adjudicación directa del Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet, esto bajo el argumento de ser un producto de urgencia y necesario para la vida, así como el contar con un crédito de las empresas facturadoras. Héctor Francisco Aguilar Martell, director administrado también es pieza fundamental en este entramado, así como Mónica Liliana Rangel cuando fue la titular de los Servicios de Salud del estado de San Luis Potosí”, denunció en su momento.
Expuso que, la principal red de empresas fantasma encontrada por la investigación, cuenta con direcciones en Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí. “Muchas de ellas comparten la misma dirección fiscal, fecha de creación y hasta socios. Incluso se detectaron dos que también usaron los ex diputados para “justificar” que entregaban ayudas a gente de escasos recursos, estas son Comercializadora Ismalog y Station Business Group and Services”.
El activista abundó que, una de las redes, se encontraba en el estado de Nuevo León y estaba encabezada por Abraham Raymundo Abrego Torres, su hermano Gabriel Alejandro Ábrego Torres y su esposa Grecia Marian Azuara Orta, quienes en conjunto facturaron un total de 53 millones 23 mil 104.80 pesos con cuatro empresas fantasma creadas en el mismo año y como personas físicas. También, tuvieron su red al interior del IMSS en San Luis Potosí.
