Por: El Diablo Cojuelo
IMPUNIDAD – A casi un año del trágico accidente en el antro Rich, donde perdieron la vida varios jóvenes, la justicia sigue detenida. La audiencia intermedia ha sido reprogramada hasta el 30 de junio, luego de un cambio de abogados defensores. Mientras el dolor de las familias sigue presente, el proceso judicial se enreda en tácticas dilatorias y formalismos que solo favorecen a los acusados. La ciudadanía observa con indignación cómo el sistema parece diseñado para agotar el ánimo de las víctimas y no para garantizar justicia. Un año después, apenas se avanza hacia un juicio oral. ¿Hasta cuándo se permitirá que los intereses particulares y la defensa técnica prolonguen el sufrimiento de quienes buscan verdad y reparación?
ILEGITIMIDAD – La dirigencia estatal del PAN se encuentra bajo el ojo crítico de su propia militancia, luego de que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral ordenara reponer el proceso de elección interna por múltiples irregularidades. La actual presidenta, Verónica Rodríguez, se aferra al cargo mientras opositores, como Lidia Argüello, acusan más anomalías que podrían derivar en nuevas impugnaciones. La ciudadanía observa con escepticismo cómo los partidos, que deberían representar la voz popular, se enredan en luchas internas y procesos opacos. ¿Qué autoridad moral tiene una dirigencia impuesta bajo sospechas para hablar de democracia o exigir transparencia al gobierno?
SIMULACIÓN – Mientras colonias enteras padecen inseguridad, baches y falta de servicios básicos, el alcalde Enrique Galindo presume proyectos como elevadores para puentes peatonales. Aunque mejorar la movilidad es deseable, los anuncios llegan sin planes claros, sin presupuesto definido y sin resolver lo urgente: infraestructura en ruinas, transporte público deficiente y zonas enteras olvidadas. La ciudadanía exige acciones tangibles, no promesas recicladas cada año para llenar titulares. ¿Cuánto costará? ¿Cuándo estará listo? ¿A quién beneficiará realmente? No necesitamos maquetas, necesitamos soluciones.
DESINFORMACIÓN – El alcalde Enrique Galindo asegura no tener adeudos con el Heroico Cuerpo de Bomberos, pero las declaraciones contrastan con los constantes llamados del comandante Adolfo Benavente sobre la precariedad con la que operan. La ciudad enfrenta hasta 16 servicios diarios, muchos en terrenos baldíos, y deben abastecerse de agua en fábricas o pozos privados. ¿Cómo puede decirse que hay compromiso, cuando ni siquiera se han endurecido sanciones a quienes permiten que sus lotes sean focos de incendios? La ciudadanía exige no sólo apoyo financiero, sino estrategias reales de prevención.
ABANDONO – En colonias del norte de la capital como Mártires de la Revolución, Los Salazares y Villas del Sauzalito, proliferan terrenos baldíos e inmuebles abandonados que sirven como basureros e incluso refugio de personas en situación de calle. Las y los vecinos llevan años denunciando sin que haya respuesta efectiva. La quema constante de basura e incendios provocados representan un riesgo para la salud y la seguridad. ¿Dónde están las multas? ¿Dónde el control urbano? San Luis Potosí no puede crecer si arrastra este tipo de omisiones.
CORRUPCIÓN – En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un hecho insólito se volvió símbolo de hartazgo: un perro comunitario, «El Güero», impidió que Gerardo Rivera Müller, líder sindical, huyera tras chocar un auto. La anécdota parece menor, pero revela el hartazgo de la comunidad universitaria: un dirigente que no rinde cuentas, evade responsabilidades y usa recursos públicos con total impunidad. La indignación crece entre trabajadores que ven cómo se protegen a sí mismos mientras se ignora la transparencia. ¿Hasta cuándo este tipo de liderazgos podrá actuar con soberbia y sin fiscalización?
