La iniciativa del Ejecutivo busca tipificar esta conducta y sancionarla con penas severas en San Luis Potosí; ya es analizada en comisiones del Congreso
Hasta 18 años de prisión podrían enfrentar quienes cometan el delito de halconeo digital en San Luis Potosí, de aprobarse la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para reformar el Código Penal estatal.
La propuesta plantea sancionar esta conducta con penas de cinco a doce años de cárcel, que podrían incrementarse hasta en la mitad si se pone en riesgo la vida de elementos de seguridad o se involucra a menores de edad.
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia del Congreso local, informó que la iniciativa ya fue turnada a esta comisión para su análisis. Señaló que el objetivo es dotar al Estado de herramientas legales que permitan sancionar con mayor contundencia a quienes interfieren en las labores de seguridad pública mediante el uso de dispositivos tecnológicos.
De acuerdo con la propuesta, el halconeo digital se configura cuando una persona realiza actividades de vigilancia, monitoreo o seguimiento —ya sea físico o virtual— de las operaciones de cuerpos de seguridad, con el fin de facilitar delitos o entorpecer sus funciones. Además de la prisión, se contempla una multa de quinientos a mil doscientos días de la Unidad de Medida y Actualización.
La exposición de motivos destaca que en las cuatro regiones del estado se ha detectado el uso ilícito de tecnologías como cámaras, drones, teléfonos móviles, sistemas de rastreo y software de inteligencia artificial, para reportar en tiempo real la ubicación o actividades de agentes de seguridad, lo que compromete investigaciones y operativos.
La iniciativa también considera como responsables a quienes instalen o permitan la instalación de estos dispositivos en propiedades privadas, terrenos baldíos o espacios públicos con fines delictivos. Asimismo, se contempla responsabilidad para servidores públicos que posean medios de comunicación con los que obtengan o transmitan datos no autorizados sobre elementos de seguridad.
Finalmente, el proyecto aclara que no se considerarán delitos las actividades legítimas relacionadas con derechos humanos, libertad de prensa, investigación académica o vigilancia ciudadana, siempre que no tengan fines ilícitos. De aprobarse, esta reforma fortalecería el marco legal para combatir prácticas que afectan directamente la seguridad pública en San Luis Potosí.
