La joven se suma a la Fiscalía en el recurso contra la absolución del exfutbolista, por presunta vulneración de preceptos legales y constitucionales.
La joven que denunció al exfutbolista Dani Alves por violación ha notificado al Tribunal Supremo de España su decisión de recurrir la sentencia absolutoria dictada el pasado 28 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La denunciante se suma así a la Fiscalía, que ya había anunciado un recurso de casación al considerar que la resolución vulnera preceptos legales o constitucionales.
La abogada de la víctima, Ester García, confirmó que la notificación fue presentada este lunes, último día habilitado para hacerlo, y explicó que el escrito con los argumentos se formalizará en los próximos días.
“La víctima ratifica su intención de impugnar la sentencia absolutoria que, a su juicio, desprotege sus derechos fundamentales”, expresó García ante medios de comunicación.
El TSJC absolvió a Alves al considerar que el testimonio de la víctima no era fiable y que no existían pruebas suficientes para derribar la presunción de inocencia del acusado. Esta decisión contrastó con las peticiones de las acusaciones, que incluso buscaban aumentar la pena hasta 12 años de cárcel.
La Audiencia de Barcelona había reconocido una atenuante de reparación del daño al valorar el pago de 150 mil euros por parte de Alves, destinado a una posible indemnización, lo que ya había reducido la pena inicialmente solicitada.
Desde el Gobierno español y diversos sectores sociales, la absolución generó críticas y polémica, por lo que la nueva presidenta del TSJC, Mercè Caso, hizo un llamado al respeto de las resoluciones judiciales para no “debilitar el Estado de derecho”, aunque reconoció que algunas decisiones pueden resultar “difíciles de entender”.
Sin embargo, el margen del Tribunal Supremo para actuar es limitado, ya que no puede imponer una condena en un caso previamente absuelto. En su lugar, podría anular la sentencia y ordenar que un tribunal diferente emita un nuevo fallo si se demuestra que se vulneraron principios legales o constitucionales.
