El Comité contra la Desaparición Forzada solicita protección de restos hallados en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano, con relación al caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos y diversos objetos personales en un contexto que ha generado preocupación por posibles hechos de desaparición forzada.
Esta resolución fue comunicada por organizaciones de derechos humanos, quienes informaron que se trata de una acción sin precedentes. Por primera vez, el Comité ha decidido activar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual faculta al organismo a considerar si el caso debe ser llevado ante la Asamblea General de la ONU.
Las medidas cautelares buscan, principalmente, garantizar la integridad y preservación de los restos humanos y pertenencias encontrados en el rancho, así como asegurar el acceso a la información relevante del caso para las familias y colectivos que han denunciado desapariciones. Las autoridades mexicanas deberán asegurar que el sitio sea protegido adecuadamente para evitar cualquier alteración o pérdida de evidencia.
Además, el Estado mexicano está obligado a llevar a cabo un análisis minucioso de los objetos personales hallados, con el fin de identificar si pertenecen a personas reportadas como desaparecidas. Este análisis deberá ser realizado con estándares forenses adecuados y en coordinación con expertos independientes, así como con participación de las familias afectadas.
Organismos civiles han señalado que esta acción por parte del Comité refleja la creciente preocupación internacional sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas en México, donde decenas de miles de personas permanecen sin localizar. El caso del Rancho Izaguirre se suma a una lista de hallazgos en fosas clandestinas que exigen respuestas por parte de las instituciones del Estado.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura pública sobre las medidas dictadas por el CED. Sin embargo, las organizaciones que acompañan a las víctimas esperan que se garantice la colaboración plena con los mecanismos internacionales y se dé prioridad a la búsqueda de la verdad y la justicia en estos casos.
