Por: El Diablo Cojuelo
HITO- Este 1 de junio, San Luis Potosí se convertirá en pionero al celebrar las primeras elecciones judiciales estatales en México. Por primera vez, los ciudadanos elegirán a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). Esta iniciativa, presentada como un acto de democratización, promete revolucionar la impartición de justicia. Sin embargo, más allá del entusiasmo democrático, cabe preguntarse si la sociedad está realmente preparada para tomar decisiones tan técnicas mediante el voto directo. La reforma elimina el modelo tradicional donde el Congreso designaba a los magistrados, lo cual si bien no era perfecto, al menos aseguraba ciertos filtros técnicos y políticos.
RELEVO- El nombramiento de Jesús Juárez Hernández como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) marca un cambio importante en la estructura de seguridad de San Luis Potosí. El gobernador Ricardo Gallardo apuesta por una nueva figura para encarar una de las problemáticas más complejas de su administración: la inseguridad. Sin embargo, el relevo, por sí solo, no garantiza resultados si no viene acompañado de una visión estratégica y autocrítica. Juárez Hernández ha prometido una gestión “honesta y profesional”, con coordinación entre los tres niveles de gobierno. Este discurso, aunque políticamente correcto, requiere traductores en resultados tangibles. Las familias potosinas no necesitan promesas, necesitan caminar tranquilas, enviar a sus hijos a la escuela sin temor y ver presencia policial efectiva en las calles. La palabra «compromiso» se ha desgastado en la política de seguridad. Ahora debe volverse acción.
PROMESAS- El alcalde Enrique Galindo prometió reparar la planta de tratamiento de aguas residuales del parque. Pero hasta ahora, eso no ha pasado de ser una declaración sin consecuencias. La ciudadanía exige más que promesas: necesita acciones visibles. La falta de inversión en esta infraestructura crítica es reflejo de la baja prioridad que tiene la gestión ambiental para el Ayuntamiento. La planta podría ser una solución real, si se le destinaran recursos y voluntad política. La flora del parque agoniza. Árboles secos, pasto quemado, arbustos marchitos. Todo habla del derrumbe ecológico de un espacio que antes era refugio y descanso para muchas familias. No es exagerado decir que la salud vegetal del parque está en terapia intensiva. Y si no se actúa pronto, el costo será mucho mayor: desde la pérdida de biodiversidad hasta un microclima urbano más agresivo. Cada día sin agua acelera ese proceso.
IMPRUDENCIA- El 70% de los incendios en San Luis Potosí se originan en terrenos baldíos y pastizales, y lo más grave es que muchos de estos eventos son provocados por la ciudadanía misma. Quemar basura sin precauciones ni conciencia del entorno es una costumbre peligrosa, más aún en temporadas de calor y viento. La irresponsabilidad ciudadana ha sido una chispa constante que, con las condiciones climáticas actuales, basta para convertir metros en hectáreas de fuego. Aunque la gente prende fuego, la omisión también es cómplice. La falta de estrategias claras para prevenir incendios urbanos, como vigilancia activa en zonas de riesgo o campañas masivas de concientización, deja a la ciudadanía sin guía. El Ayuntamiento no puede seguir ignorando que cada terreno abandonado sin mantenimiento es un incendio potencial. La pasividad institucional es combustible para una crisis que, año tras año, se repite con el mismo guion destructivo.
EMERGENCIA- Con nueve incendios forestales activos y más de 8 mil hectáreas afectadas en lo que va de la temporada, San Luis Potosí vive una emergencia ambiental de gran escala. La magnitud del problema no solo se mide en hectáreas consumidas, sino en la exposición constante de brigadistas, ecosistemas en peligro y comunidades rurales al borde del colapso. Aunque se reconoce la labor de los más de 370 combatientes desplegados, la respuesta institucional parece más reactiva que planificada. El verdadero desafío está en la prevención, que sigue siendo la gran ausente en las políticas públicas del estado. No se trata solo de emitir comunicados y recomendaciones a la ciudadanía, sino de implementar estrategias comunitarias, capacitar a pobladores en zonas forestales y crear brigadas permanentes de vigilancia.
AUSTERIDAD- Las declaraciones del diputado Cuauhtli Badillo Moreno sobre la austeridad de las sesiones del Congreso Itinerante plantean un escenario de decisiones de bajo costo. Aunque la intención es positiva, al llevar el Congreso más cerca de los municipios, la falta de viáticos y recursos podría limitar la efectividad y el impacto de estas reuniones. La austeridad, si bien es necesaria, no debería ser sinónimo de sacrificio en la calidad de la atención a los ciudadanos.La dependencia de los ayuntamientos para proporcionar los recursos logísticos, como sillas y tablones, refleja una situación en la que los municipios asumen un peso significativo. Este apoyo es valioso, pero también expone la falta de un presupuesto adecuado por parte del Congreso. En este sentido, surge la pregunta de si esta colaboración está alineada con las necesidades reales de los municipios o si, por el contrario, termina por sobrecargar a los gobiernos locales.
DESAPARECIDOS- El caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno ha provocado una gran conmoción en San Luis Potosí, y ahora las familias afectadas buscan respuestas en el Rancho Izaguirre en Jalisco, conocido por ser un campo de exterminio vinculado a actividades criminales. Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, reveló que al menos cuatro familias potosinas han solicitado acceder al rancho para buscar posibles restos de los jóvenes desaparecidos. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que no hay indicios claros de que los restos de los jóvenes puedan encontrarse en ese sitio.
