Denuncian falta de consulta y amenazas por parte de autoridades.
Habitantes de 13 municipios de Chiapas han interpuesto dos amparos en contra del proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque, una obra impulsada por el Gobierno federal que iniciará en Palenque, donde actualmente reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los pueblos tzeltales, tzotziles y mestizos han manifestado su rechazo al proyecto debido a la falta de una consulta libre, previa e informada, como lo establece el artículo 2 de la Constitución mexicana. Argumentan que el proceso de consulta llevado a cabo el pasado 23 de marzo estuvo plagado de irregularidades y no garantizó una participación adecuada de las comunidades afectadas.
Fernanda Santos, abogada especializada en derechos humanos y académica de la Universidad IBERO Puebla, explicó que los amparos se interpusieron bajo dos argumentos principales: la inconstitucionalidad del proyecto y la violación del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera efectiva antes de la ejecución de una obra de gran impacto.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que en la consulta participaron 39 mil personas y que el resultado fue favorable para la construcción de la autopista. Sin embargo, los opositores han denunciado que la convocatoria se hizo de manera irregular y sin respetar los mecanismos de comunicación tradicionalmente utilizados en sus comunidades.
Además de la falta de información clara sobre el proyecto, los habitantes han señalado la presencia de ingenieros y funcionarios gubernamentales realizando estudios de suelo sin su consentimiento. De acuerdo con sus testimonios, en algunos casos han recibido amenazas por parte de estos trabajadores, quienes han advertido que, si se les impide continuar con su labor, regresarán con el apoyo de la Policía Estatal.
Pascula Vázquez Aguilar, vocera del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), afirmó que la autopista ha sido un proyecto excluyente desde su origen, pues no toma en cuenta a quienes han habitado y trabajado la tierra por generaciones. También exigió mayor transparencia en la ejecución de la obra, incluyendo la publicación del presupuesto y la procedencia de los recursos destinados a su construcción.
Las comunidades afectadas han reiterado que no se oponen al desarrollo, pero exigen que cualquier proyecto que afecte su territorio se lleve a cabo con respeto a sus derechos, mediante un proceso de diálogo y consulta legítimo.
