La deportación ocurrió pese a que un juez federal bloqueó la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros.
El gobierno de Estados Unidos ha deportado a El Salvador a 17 personas acusadas de ser miembros de las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13, a pesar de un reciente fallo judicial federal que bloqueó la aplicación de la controvertida ley de Enemigos Extranjeros. La deportación es parte de una operación antiterrorista realizada en colaboración con las autoridades salvadoreñas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó sobre la deportación a través de un comunicado en el que destacó que las personas deportadas incluyen individuos acusados de crímenes graves como asesinatos y violaciones. La operación se llevó a cabo con el apoyo del gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, quien ha sido un aliado clave en la lucha contra el crimen transnacional.
“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores”, dijo Rubio en su comunicado.
A pesar de que un juez federal había bloqueado la implementación de la ley de Enemigos Extranjeros, que permite deportaciones sumarias sin audiencia judicial, Estados Unidos procedió con la deportación. Esta ley, que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, fue invocada por el gobierno del expresidente Donald Trump para justificar la expulsión de los miembros del Tren de Aragua, banda transnacional a la que se acusa de estar infiltrada en el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El 15 de marzo, a pesar del bloqueo judicial, más de 200 venezolanos fueron deportados de manera sumaria bajo la misma normativa, y entregados a las autoridades salvadoreñas para su encarcelamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La decisión de la administración de Trump sigue siendo objeto de controversia, y el gobierno estadounidense ha apelado al Tribunal Supremo para que permita la deportación sin vistas judiciales previas.
Este enfrentamiento legal pone en evidencia la tensión entre el Ejecutivo estadounidense y el poder judicial, con el gobierno de Trump presionando para que se eliminen las restricciones impuestas por los tribunales en relación con la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros.
