Los demócratas ridiculizaron la audiencia del Partido Republicano cuya finalidad es retirar el financiamiento a los medios de comunicación públicos de EU
Desde 1969, la televisora pública de Estados Unidos PBS ha transmitido la popular serie de la barra para las infancias Plaza Sésamo, pero ahora, está en peligro de salir de las pantallas.
El presidente Donald Trump mantiene su intención de cerrar PBS, además de la Radio Nacional Pública. En la audiencia en el Congreso, con las directoras de PBS y NPR en la Cámara de representantes, ante los señalamientos de los republicanos de que PBS es controlado por grupos liberales.
“Esto no sirve a la audiencia sino a élites liberales que están al margen de la población”, dijo Marjorie Taylor Greene congresista republicana.
Con ironía, el congresista demócrata Robert García cuestionó si la conocida barra infantil de PBS tiene un perfil ideológico.
“¿Elmo es ahora o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos?” Cuando la prensa libre está bajo ataque, necesitamos más que nunca a los medios públicos como PBS Y NPR. Una gran mayoría de los estadunidenses dicen que creen en ambos medios”, sentenció Robert García, congresista demócrata.
Defendamos a Elmo” se ha vuelto una consigna para defender a PBS.
Este jueves, en Washington DC, trabajadores del Sindicato de Medios Públicos acudieron al Senado para exigir a los legisladores que intercedan para que la administración de Trump no desmantele la radio nacional publica ni la televisora PBS, como ya lo hizo con la emisora la voz de América.
La persecución sobre extranjeros en Estados Unidos se extiende a residentes legales
l martes 18 de marzo se difundieron en medios de los Estados Unidos y América Latina las imágenes de indocumentados venezolanos y salvadoreños que las autoridades de los Estados Unidos detuvieron y luego deportaron en vuelos a El Salvador. Las imágenes mostraron a hombres bajados de los aviones esposados, y subidos a camiones que los trasladaban al Centro de Confinamiento del Terrorismo -CECOT-, la cárcel Supermax que construyó Nayib Bukele, presidente de este país centroamericano. La secuencia de imágenes continúa: hileras de personas hincadas con esposas en los pies y en las manos en el momento en que son rapadas, o mostrando en su espalda con un gran tatuaje como prueba de que forman parte de algún grupo criminal. Después, los videos les muestran con playeras, pantaloncillos cortos y sandalias blancas aún esposados, caminando encorvados, mientras los custodios los trasladan hacia las celdas.
Las escenas se reproducen una y otra vez en medios y plataformas digitales, mandan un poderoso mensaje de miedo e intimidación para millones de personas que se encuentran en los Estados Unidos de forma irregular. Los presentadores de noticias y reporteros afirman que los venezolanos deportados (238 en total) forman parte de la pandilla que recientemente ha sido incluida como grupo terrorista: El Tren de Aragua. Sin juicio de por medio y sin aportar evidencia de ello.
La recepción de vuelos procedentes de los Estados Unidos que transportan personas indocumentadas a El Salvador es posible por el acuerdo que firmaron Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos y el mandatario de este país centroamericano el mes de febrero pasado. Con este acuerdo Bukele asumió el papel de contratista del Departamento de Estado al comprometerse a recibir e internar en su cárcel a “criminales peligrosos” procedentes de los Estados Unidos a cambio de 200 millones de dólares al año.
Mientras los primeros aviones emprendían el vuelo rumbo a El Salvador, desde Estados Unidos otras voces denunciaron que estos actos no tienen un fundamento jurídico. El juez James Boasberg emitió una orden para que los aviones detuvieran los vuelos y regresaran con los pasajeros. Pero el gobierno de los Estados Unidos ignoró la orden, los aviones aterrizaron y dejaron su carga en el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero (vaya ironía). Mientras Nayib Bukele desde su cuenta de X se burló de la petición publicando las siguientes palabras: “Oopsie… Too late (demasiado tarde)”, acompañado de una carita sonriente con lágrimas de risa fluyendo. Por su parte, el presidente Trump describió al juez como “lunático, radical de izquierda” y pidió su destitución. Tom Homan, el zar de la frontera, afirmó en entrevista televisiva: “No me importa lo que piensen los jueces, no me importa lo que piense la izquierda, vamos a continuar”.
Trump también desempolvó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, conocida como Ley McCarran-Walter, la cual da al secretario de Estado la autoridad de iniciar procesos de deportación contra cualquier no ciudadano estadounidense considerado una amenaza para los intereses de la política exterior de los Estados Unidos
Trump se negó a acatar esta orden judicial invocando la ley de “enemigos extranjeros” promulgada en 1798. Dicha ley, por ejemplo, se usó para detener, concentrar y posteriormente expulsar a comunidades de origen japonés, alemán e italiano durante la Segunda Guerra Mundial.
Los otros deportados: estudiantes incómodos
Para deportar a extranjeros con un estatus legal, pero que son incómodos para el régimen, Trump también desempolvó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, conocida como Ley McCarran-Walter, la cual da al secretario de Estado la autoridad de iniciar procesos de deportación contra cualquier no ciudadano estadounidense considerado una amenaza para los intereses de la política exterior de los Estados Unidos.
Quizá el caso más difundido sea el de Mahmoud Khalil, estudiante graduado de la Universidad de Columbia que participó en las protestas estudiantiles contra el genocidio en Gaza y contra el apoyo que han prestado los Estados Unidos en armas y dinero a Israel. Mahmoud es de nacionalidad argelina y ascendencia palestina. Su principal actividad en la acampada de protesta fue ser mediador entre estudiantes y autoridades de la institución. El domingo 16 de marzo fue arrestado por agentes de ICE. El secretario de Estado Marco Rubio, acusó a Khalil de apoyar a Hamas en Estados Unidos y, amparado en la let McCarran-Walter, giró instrucciones para iniciar un proceso para su deportación, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense con 8 meses de embarazo y ser beneficiario de una green card, documento que permite a los extranjeros vivir y trabajar legal y de forma permanente en los Estados Unidos. Khalil fue trasladado a un centro de detención de migrantes en Luisiana donde ahora espera su deportación.
Otro caso es el de Momodou Taal, estudiante de doctorado en el Departamento de Estudios Africanos de la universidad de Cornell, también ubicada en Nueva York. Originario de Gambia, pero con pasaporte del Reino Unido, participó en las protestas contra el genocidio y, al igual que Khalil hoy enfrenta “en libertad” un proceso de deportación. Aún no ha sido detenido, pero está citado a comparecer en los tribunales para el proceso que se le ha iniciado.
El secretario de Estado Marco Rubio, acusó a Khalil de apoyar a Hamas en Estados Unidos y, amparado en la let McCarran-Walter, giró instrucciones para iniciar un proceso para su deportación, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense con 8 meses de embarazo y ser beneficiario de una green card
Otro proceso que ha llamado la atención es el de Badar Khan Suri, originario de la India, quien se desempeña como profesor y becario doctoral de la Universidad de Georgetown, ubicada en Washington DC, donde trabaja temas relacionados a los procesos de paz en Medio Oriente y Asia del Sur. Badar fue detenido por agentes de ICE que iban enmascarados, y al igual que Khali, tras su detención fue trasladado a Luisiana. Badar no había participado en protestas, no era un activista, su “pecado” es estar casado con una ciudadana estadounidense de origen palestino, su suegro fue asesor de Hamas en distintos momentos (tomemos en consideración que este grupo considerado como terrorista también es una agrupación política). A Badar las autoridades lo han acusado sin probar nada de difundir propaganda de Hamas y de tener vínculos con terroristas.
Un caso más es el de la estudiante surcoreana Yunseo Chung, también de la Universidad de Columbia. Ella llegó a los Estados Unidos de 7 años de edad, es residente legal, pero aún no tiene la ciudadanía. Al igual que Khalil y Momodou participó en las protestas estudiantiles contra el genocidio y como ellos hoy enfrenta un proceso de deportación.
Persecución en las aulas
Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel muy importante en estos procesos. La influencia y el control de estos medios por los lobbies de grupos identificados con el estado sionista de Israel han servido para estigmatizar a los participantes de las protestas como antisemitas que apoyan el terrorismo; a estas descalificaciones, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Columbia, hay que sumarle la acusación de que los estudiantes que protestan contra el genocidio generan un ambiente hostil contra la comunidad judía de la universidad. Desde esta perspectiva las víctimas son los victimarios.
En algunos casos los ataques son dirigidos hacía personas específicas como es el caso de Badar Khan Suri quien fue señalado, expuesto y falsamente acusado por estos grupos en las redes sociales, al mismo tiempo que ejercen presión en las autoridades gubernamentales para que actúen y les inicien procesos. Esta presión se extiende a las instituciones educativas que son advertidas de que si no actúan contra los estudiantes se les retiraran los recursos que estos grupos otorgan a las universidades en forma de donaciones y que para las universidades en Estados Unidos representan una fuente importante de sus presupuestos.
También los empresarios y las distintas cámaras que congregan a los empleadores advierten que los estudiantes que participen en las protestas serán boletinados para no ser beneficiados por alguna beca, una pasantía o cualquier empleo futuro.
Nuevamente tomando como ejemplo, el caso de la Universidad de Columbia, el gobierno federal le ha condicionado la entrega de 400 millones de dólares que les tiene retenidos, a la adopción de una serie de medidas tendientes a controlar y amordazar a los estudiantes. Por ejemplo, con la contratación de más personal de vigilancia, con más libertad para detener estudiantes que participen en protestas. O el nombramiento de un supervisor para el Departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y el Centro de Estudios Palestino, catalogados como el foco de las protestas. En el caso de Momodou, estudiante de Cornell, la universidad le ha restringido el acceso a distintos lugares dentro de la misma universidad. En entrevista concedida al medio Democracy Now, Momodou dice que es una ironía que los estudiantes que protestan contra el apartheid al que es sometido el pueblo palestino, experimenten un apartheid en su universidad.
También los empresarios y las distintas cámaras que congregan a los empleadores advierten que los estudiantes que participen en las protestas serán boletinados para no ser beneficiados por alguna beca, una pasantía o cualquier empleo futuro.
En el caso de Mahmoud Khalil se podría pensar que su participación como mediador, lo hizo un objetivo visible del departamento de Estado, a diferencia de los otros dos casos de los estudiantes que hemos descrito, quienes en apariencia no tenían un papel protagónico en las protestas, y ni hablar del profesor Badar Khan Suri quien no participó en ninguna protesta.
Sin embargo, hay un patrón común en estos casos: además no ser nacidos en los Estados Unidos, su país de origen está en el sur global: Palestina, Gambia, la India y Corea del Sur (algunos podrían refutar si este país forma parte del sur global); no son blancos (anglos, caucásicos), y si bien su estatus migratorio es regular, su mayor vulnerabilidad es que no son ciudadanos estadounidenses y que por lo mismo están sujetos a una visa, la cual puede ser retirada discrecionalmente. De esta forma, la selección de estudiantes coaccionados y con procesos de deportación, parece no tener nada en particular más que su vulnerabilidad, característica que comparten con miles de estudiantes internacionales que pueblan las universidades de los Estados Unidos.
