El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por presunta conspiración para derrocar al gobierno tras perder las elecciones de 2022, dictaminó ayer por unanimidad el Supremo Tribunal Federal (STF).
El ex mandatario calificó de muy graves e infundadas las acusaciones, y afirmó que la justicia brasileña busca apartarlo de las elecciones de 2026.
Cinco magistrados del máximo tribunal aceptaron por unanimidad el pedido de la fiscalía, que imputó a Bolsonaro, de 70 años, por supuestamente liderar una organización criminal que buscó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras los comicios de 2022.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el ex presidente, un nostálgico de ese periodo, amaga con sacudir la vida política los próximos meses.
Bolsonaro y siete de sus colaboradores cercanos –entre ellos militares de alto rango y ex ministros de su gobierno– enfrentan cargos que incluyen participación en organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, daño caracterizado por violencia, amenaza grave contra los bienes del Estado, y deterioro del patrimonio catalogado.
La ley brasileña contempla una condena hasta de 12 años de prisión por intento de golpe de Estado, que si se combina con otros delitos resultaría en una sentencia de décadas tras las rejas.
El fiscal general Paulo Gonet acusó a Bolsonaro de intentar un golpe de Estado que incluía un plan para envenenar a Lula da Silva, y matar a un magistrado del STF. Si bien la denuncia incluye a otras 33 personas, la corte decidió empezar por los más relevantes para acelerar el proceso judicial.
En su discurso de apertura antier, el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, proyectó imágenes de los partidarios de Bolsonaro asaltando edificios del gobierno en escenas violentas que se desarrollaron apenas una semana después de la toma de posesión de Lula, en enero de 2023.
Moraes describió esa insurrección como resultado del esfuerzo sistemático de Bolsonaro para desacreditar la elección que perdió y luego conspirar para revocar el resultado con actos violentos.
El líder de la oposición brasileña se declara perseguido. Parece que tienen algo personal contra mí, las acusaciones son muy graves e infundadas, declaró a periodistas tras conocer la decisión de la corte y, si bien admitió la existencia de la llamada minuta del golpe, un documento que su entorno preparó y que preveía que las fuerzas armadas intervinieran en la justicia electoral para anular la victoria de Lula, el ex mandatario aseguró que no lo firmó.
Bolsonaro es el primer ex presidente brasileño a ser juzgado por intento de golpe de Estado desde el regreso a la democracia en 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución, aunque varios de sus predecesores fueron enjuiciados, la mayoría por corrupción.
Anoche, en escueto reporte, el presidente Lula aseveró: sólo espero que se haga justicia.
Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue destituido tras ser acusado de corrupción pasiva y más tarde, tras su regreso a la política, condenado a ocho años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Lula, después de su primer mandato fue encarcelado 580 días, entre 2018 y 2019, por corrupción pasiva y lavado de dinero, en un proceso que violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, según una investigación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
