El presidente Javier Milei inicia el proceso de desclasificación de los archivos de la dictadura argentina y reconoce crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de Humberto Viola y su hija en 1974.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este lunes la apertura del proceso de desclasificación de los archivos vinculados a las Fuerzas Armadas y a los grupos guerrilleros durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. La medida, que ha sido divulgada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, tiene como objetivo hacer públicos los documentos relacionados con esta época de la historia argentina, en cumplimiento de un decreto firmado en 2010 que aún no había sido completamente implementado.
Los archivos, que estaban bajo la custodia de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), estarán ahora disponibles en el Archivo General de la Nación. Esta decisión busca que la información sobre la dictadura y los grupos armados esté accesible para el público y no sea utilizada para fines políticos. Según Adorni, durante años, los documentos fueron mantenidos en la oscuridad y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a ellos, lo que permitió su uso como «botín de guerra». Con esta medida, el Gobierno de Milei aspira a garantizar que la memoria histórica de esta época se preserve de manera transparente.
La desclasificación de estos archivos sigue el ejemplo de otros países, como Estados Unidos, que recientemente desclasificó documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, o el Reino Unido, que también está en el proceso de abrir los archivos clasificados de su servicio de inteligencia.
En el marco de esta iniciativa, el Gobierno de Milei también ha decidido reconocer oficialmente crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y en el periodo democrático posterior. Uno de los casos destacados es el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija de tres años en 1974 a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). A pesar de que durante el gobierno de Alberto Fernández se argumentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este crimen no debía ser considerado un delito de lesa humanidad, el Gobierno actual ha aceptado la petición de la familia Viola para que el crimen sea reconocido en este contexto.
El Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento para que los delitos de lesa humanidad no prescriban, asegurando que los crímenes cometidos durante estos periodos queden impunes.
Con esta serie de medidas, Milei ha subrayado su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y ha dado un paso importante para garantizar que los archivos de la dictadura estén disponibles para las futuras generaciones, sin ser objeto de manipulación política.