La propuesta de reformas a la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada incluye una plataforma de identidad y un sistema nacional de alerta para mejorar la localización de desaparecidos.
La consejera jurídica del gobierno de México, Ernestina Godoy, presentó los detalles de las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de mejorar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Una de las principales medidas propuestas es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo oficial de identidad. Esta plataforma incluirá fotografía y huellas dactilares, y se espera que todas las personas en México cuenten con esta identidad desde su nacimiento. Además, se estableció que todas las autoridades y entidades privadas deberán reconocer la CURP como una identificación oficial, tanto física como digital.
Otro aspecto destacado de la propuesta es la creación de un Sistema Nacional de Alerta y una Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La idea es que, ante cualquier denuncia de desaparición, se abra una carpeta de investigación de forma inmediata, sin la espera de las tradicionales 72 horas, lo que agilizaría significativamente las investigaciones.
El gobierno también busca que las fiscalías estatales se fortalezcan para hacer más ágiles y efectivas las investigaciones, y se prevé que las autoridades que no cumplan con la generación, actualización o compartición de información sean sancionadas administrativamente.
El Sistema Nacional de Alerta permitirá notificar la desaparición de una persona a través de una ficha de búsqueda, lo que facilitará la coordinación entre las autoridades y la sociedad civil para la localización de personas desaparecidas. Además, se utilizarán herramientas tecnológicas para asegurar que los procesos de búsqueda sean más rápidos y eficientes, favoreciendo una respuesta inmediata ante cualquier denuncia.
Con estas reformas, el gobierno busca no solo mejorar la eficiencia de las autoridades en la investigación de desapariciones, sino también involucrar a la sociedad en la búsqueda y en la protección de las personas, fortaleciendo el sistema de justicia en torno a este grave problema social.
