La portavoz de la Casa Blanca dijo que jueces no usurpan la voluntad del presidente Trump, sino que “socavan la voluntad” de estadounidenses.
La administración de Donald Trump reafirmó su compromiso con la política de deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, desacreditando al juez federal James Boasberg y a otros magistrados que han intentado frenar la medida.
“Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal e intentan frenar la agenda de esta Administración. Eso es inaceptable”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en conferencia de prensa.
A pesar de los bloqueos judiciales, la Casa Blanca aseguró que continuará defendiendo su postura en los tribunales y que las deportaciones seguirán en curso.
El presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, para justificar la deportación acelerada de presuntos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Trump ha argumentado que Estados Unidos enfrenta una “invasión” de este grupo, aunque no ha presentado pruebas concretas. No obstante, la administración ya ha deportado a más de 200 venezolanos a El Salvador, país que se ofreció a encarcelarlos.
“No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas”, enfatizó Leavitt, insistiendo en que el presidente tiene plena autoridad ejecutiva para estas acciones.
La Casa Blanca ha acusado a los jueces que han bloqueado las deportaciones de intentar “usurpar la voluntad” del presidente y de millones de estadounidenses que votaron por Trump.
En respuesta a la decisión de Boasberg, el congresista republicano Brandon Gill inició un proceso de destitución contra el juez en la Cámara de Representantes. Sin embargo, expertos señalan que las probabilidades de éxito son bajas, ya que el cese requeriría la aprobación de dos tercios del Senado, lo que implicaría el respaldo de al menos 14 senadores demócratas.
A pesar de la controversia, la Casa Blanca dejó en claro que las deportaciones continuarán y que no cederá ante las órdenes judiciales que busquen detenerlas.
