A pesar de la legalización del aborto en varios estados, mujeres y colectivos denuncian barreras para acceder a un aborto seguro y oportuno en México, especialmente por plazos y causales insuficientes.
A pesar de que el aborto es legal en más de 20 de los 32 estados de México, muchas mujeres y personas gestantes siguen enfrentando barreras que dificultan el acceso a un procedimiento seguro, oportuno y sin estigma. Esta problemática se mantiene vigente, justo en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el próximo sábado.
Mujeres que han abortado, redes de acompañantes y organizaciones civiles coinciden en que los plazos y las causales legales no son suficientes para garantizar este derecho, y por el contrario, complican el acceso seguro y a tiempo para la mayoría de las mexicanas. Aunque la legalización ha avanzado, el proceso sigue siendo lento y lleno de obstáculos, como lo experimentó Citlalli, quien, tras la despenalización del aborto en Michoacán en octubre, tuvo que viajar a Ciudad de México para interrumpir un embarazo no deseado.
Citlalli, quien estaba en la semana 22 de gestación, enfrentó múltiples dificultades, como la desinformación y el estigma, que retrasaron su acceso a un aborto seguro. En su primer intento, el medicamento falló y no pudo acudir a una clínica para un procedimiento ambulatorio. Fue gracias a las redes y colectivos locales, como el Fondo María de la ONG Balance, que pudo recibir acompañamiento y apoyo económico, sin lo cual habría tenido que continuar con el embarazo, enfrentando el riesgo de un procedimiento inseguro.
Aunque Michoacán es uno de los 22 estados que han despenalizado el aborto, muchos de estos siguen limitando el acceso, estableciendo plazos de 12 semanas, con excepciones como Sinaloa (13 semanas) y Aguascalientes, que lo reduce a seis. Este tipo de limitaciones dificulta el acceso a un aborto seguro para muchas mujeres, que deben desplazarse a otros estados para recibir atención médica adecuada.
En Ciudad de México, que legalizó el aborto en 2007 hasta el primer trimestre de gestación, las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) han operado durante 18 años. Sin embargo, las mujeres que acceden a estos servicios no están exentas de problemas, como lo vivió Gaby, quien, aunque abortó en una clínica pública, sufrió violencia por parte del personal médico. Esta experiencia de violencia y discriminación se ha convertido en una denuncia común en el movimiento feminista.
El feminismo en México ha sido enfático en demandar la eliminación del aborto del Código Penal, ya que consideran que los plazos establecidos no son suficientes. La propuesta de eliminar las restricciones legislativas continúa siendo debatida en el Congreso, lo que representa un avance significativo para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres.
Gabriela Millán, del Fondo María, destacó que las 12 semanas de gestación son un límite insuficiente, pues existen múltiples barreras que afectan desproporcionadamente a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Esta perspectiva también la comparte Francisco Cué Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien subraya que es crucial cambiar el paradigma actual y eliminar el sistema penal como herramienta para regular el acceso a un servicio básico de salud.
Las colectivas y organizaciones continúan luchando por un acceso pleno y sin restricciones a la interrupción del embarazo, con el fin de garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
