Se ordenó a las autoridades del Instituto a informarle a constructor sobre sus proyectos de viviendas, lo cual se le había estado negando
Un ciudadano de San Luis Potosí ganó un amparo, en el que se ordena a las autoridades del Institu to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), informarle sobre sus proyectos de construcción de viviendas, lo cual se le había estado negando. El caso en cuestión corresponde al juicio de amparo 1735/2024, promovido por un pequeño constructor, quien, desesperado por malos tratos, falta de criterio y burocratismo, solicitó la protección de la justicia federal ante presuntas irregularidades por el mal manejo de autorización para la construcción de varias viviendas.
La sentencia que le concedió el amparo fue emitida el 7 de febrero de 2025, y a partir de esa fecha, las partes involucradas (el quejoso, el Ministerio Público y las autoridades responsables del INFONAVIT en San Luis Potosí) tuvieron diez días para impugnarla, sin embargo, ninguna de las partes recurrió la sentencia en el plazo establecido, que transcurrió del 12 al 26 de febrero de 2025. Esto significó que la resolución del amparo se convirtió en definitiva y no pueda ser modificada.
Cuando un amparo se vuelve ejecutorio, las autoridades responsables deben cumplirlo sin excusas. En este caso, el INFONAVIT estaba obligado a realizar dos acciones fundamentales: emitir de inmediato un acuerdo sobre la última reunión presencial donde se discutió el crédito de vivienda del quejoso; notificar personalmente dicho acuerdo al beneficiario del amparo.
El cumplimiento de estas disposiciones era ineludible, pues la jueza a cargo del caso, Ana Ley Flores Sánchez, estableció que cualquier intento de retrasar o simular el cumplimiento de la sentencia sería sancionado.
La advertencia a las autoridades, es para garantizar que el INFONAVIT cumpliera con lo ordenado, por ello, el juzgado impuso un plazo de tres días para la ejecución del fallo. Además, emitió un apercibimiento en el que se advertía a las autoridades responsables como Wendy Castillo Mendoza que, de no acatar la orden, se les aplicaría una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), y se enviaría el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Esto podría derivar en sanciones más graves, incluyendo la separación del cargo de los funcionarios responsables.
La organización Ciudadanos Observando señaló que, este caso es un ejemplo claro de cómo el amparo puede ser un recurso efectivo para proteger los derechos de los ciudadanos. “Gracias a este juicio, el quejoso logró que se le reconocieran sus derechos y se le diera una respuesta justa sobre los productos que oferta el Infonavit. Además, se reafirma la importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales, recordando a las autoridades que están obligadas a respetar la ley”.
