La ministra presidenta Norma Piña desmiente declaraciones de García Harfuch sobre la extradición de 29 capos y defiende la independencia judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió con firmeza a las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sugirió que algunos jueces habían establecido acuerdos con narcotraficantes para facilitar su liberación o retrasar sus procesos de extradición. La ministra presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la SCJN, Norma Piña, rechazó categóricamente estas acusaciones y defendió la independencia del Poder Judicial.
A través de un comunicado oficial, Piña aseguró que no existen pruebas que respalden la versión del gobierno y llamó a las autoridades de seguridad a actuar conforme a derecho en caso de detectar alguna irregularidad en el actuar de los jueces. “En un Estado de derecho lo conducente es acudir a las instancias correspondientes”, afirmó, reiterando el compromiso del Poder Judicial con la justicia y el Estado de derecho.
El pronunciamiento de la ministra se da luego de que el gobierno mexicano extraditara el jueves a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa, García Harfuch señaló que esta acción se tomó debido a un “riesgo latente” de que algunos de estos delincuentes fueran liberados por jueces, lo que habría frustrado los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen organizado.
Las declaraciones del jefe de seguridad generaron un fuerte debate sobre el papel del Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico. En los últimos años, diversas resoluciones judiciales han detenido o revertido extradiciones, lo que ha llevado a enfrentamientos entre los distintos poderes del Estado y ha puesto en entredicho la efectividad del sistema judicial.
El choque entre el Ejecutivo y la SCJN ocurre en un momento crucial, pues el próximo 1 de junio está programada la implementación de la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno. Esta iniciativa plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, lo que ha avivado el debate sobre la independencia judicial y el riesgo de que los impartidores de justicia se vean sujetos a presiones políticas.
Mientras el gobierno sostiene que la reforma busca democratizar la justicia y acabar con la impunidad, críticos y expertos advierten que someter al Poder Judicial a un proceso electoral podría derivar en su politización y vulnerar su autonomía.
En este contexto, la confrontación entre García Harfuch y la SCJN no solo refleja las tensiones en torno a la seguridad y la impartición de justicia en México, sino que también marca un episodio clave en la creciente disputa por el equilibrio de poderes en el país.
