Por: El Diablo Cojuelo
PRÓRROGA: El acuerdo que la Iniciativa Privada promovió para una prórroga en el Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes, no supone una condonación, pues en el mes de marzo las empresas contribuyentes, la mayoría de las instaladas en Zona Industrial, deberán causar ese gravamen perfilado a generar una nueva cultura ecológica y preservación del medio ambiente, confirmó Ariana García secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La situación es complicada, por el impuesto ya se ha retrasado en incontables ocasiones y se tiene que garantizar su aplicación de manera inmediata para abonar a los objetivos que se tienen previstos en el marco de este proyecto
TRASLADO: Tras la detención de importantes objetivos criminales en tierras potosinas, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se gestionará ante la Federación para buscar el traslado a los presuntos líderes y generadores de violencia a penales federales. El mandatario expuso que la persona que fue detenida recientemente y que tenía el propósito de operar en la zona Huasteca y que era conocido como “El Alacrán”, tenía poco tiempo de haber llegado al municipio de Ciudad Valles, sin embargo, gracias a los operativos apoyados de inteligencia se pudo detener a ese generador de violencia. Hay confianza de que sigan los buenos resultados por este rumbo.
ANÁLISIS: Pasa el tiempo y aún se encuentran analizando, si la Federación a través del IMSS-Bienestar, se hará responsable del pago pensionario de los médicos jubilados pertenecientes al Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, la Dirección General de Pensiones de San Luis Potosí cuenta con una viabilidad financiera sólida para absorber este compromiso. La situación debería tratarse con toda la prioridad posible a fin de que se dé respuesta a una demanda que se ha venido postergando y que claramente tiene en total incertidumbre a un importante grupo de médicos que, luego de trabajar intensamente durante muchos años, ahora no tienen nada seguro. .
BULLYING: Aunque las autoridades educativas se empeñan en no reconocer la realidad, hay muchos casos de bullying en los planteles escolares de todo San Luis Potosí, incluso en colegios particulares como sucede en el Instituto Hispano Inglés. Lo peor del caso es que las autoridades no han hecho algo por atender y dar solución a la problemática. Las denuncias de los padres de familia coinciden en que se hacen los reportes, pero nadie les da seguimiento ni se implementan acciones puntuales. Se tiene que dejar de minimizar este problema y buscar la manera de proceder con eficacia para que las escuelas sean lugares seguros para los niños y jóvenes potosinos.
DENUNCIA: Y a propósito de los problemas que se viven en las escuelas potosinas, estudiantes de la Escuela Estatal de Teatro de San Luis Potosí se manifestaron tomando las instalaciones de la institución, derivado de tratos “crueles” y pésimas condiciones de la infraestructura, ya que ni siquiera cuentan con agua potable a falta de un tinaco porque se lo pueden robar. Este es uno de los planteles que también deben ser atendidos con urgencia, lo mismo que pasa con la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo. Ambas instituciones están en pésimas condiciones, son un riesgo latente para sus estudiantes.
GUERRA SUCIA: Después de que se filtraran vídeo con rastros de una parranda en las oficinas del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en San Luis Potosí, el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Alberto Rojo Zavaleta negó que, el vídeo sea reciente y culpó al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, de estar atrás de una campaña negra en contra del Revolucionario Institucional. No se duda que Galindo pueda estar detrás de una serie de ataques luego de ser expulsados, pero la verdad es que el partido tampoco se ayuda, pues no ha hecho nada decente para demostrar que hay trabajo efectivo y buenos resultados.
OBSERVACIONES: Son preocupantes las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Ayuntamiento de la Capital por un monto de 125 millones de pesos, así como las señaladas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), que ascienden a casi 600 millones de pesos. Las autoridades fiscalizadoras tienen que proceder de manera puntual para demostrarle a los potosinos que hay sanciones para aquellos funcionarios o servidores públicos que hagan mal uso de los recursos que son del pueblo. La vigilancia, las auditorías y los procesos de supervisión tienen que fortalecerse.
