De los 452.9 millones de pesos auditados, el 27.7% presenta observaciones por presuntas irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Enrique Francisco Galindo Ceballos, acumuló observaciones por un total de 125 millones 477 mil 800 pesos, convirtiéndose en el municipio con el mayor monto observado en el estado.
El informe señala que la administración municipal no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos federales destinados a gasto público, incumpliendo con la normatividad aplicable en adquisiciones, arrendamientos, servicios y contratación de obra pública. La ASF auditó un total de 452 millones 995 mil 700 pesos, distribuidos en 12 contratos de obra pública, dos contratos de adquisiciones y servicios, pagos de nómina de dos personas y dos erogaciones sin contrato.
De acuerdo con la auditoría, se determinaron 50 resultados, de los cuales 26 generaron cuatro recomendaciones, dos promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 16 Pliegos de Observaciones.
El informe destaca que existe un riesgo significativo de que los recursos federales transferidos al municipio no se hayan ejercido conforme a la ley, lo que pone en duda la efectividad de las estrategias de control implementadas por la administración capitalina.
A nivel estatal, la ASF revisó los recursos federales asignados a 19 municipios, encontrando un total de 426.6 millones de pesos por aclarar. Entre los municipios con mayores observaciones se encuentran Rioverde con 85 millones de pesos, Axtla de Terrazas con 61.4 millones y Ciudad Valles con 58.1 millones.
En contraste, Xilitla, Tancanhuitz y Soledad de Graciano Sánchez fueron los únicos municipios sin observaciones en la fiscalización.
La ASF es la única instancia encargada de revisar el correcto uso de las participaciones federales transferidas directamente a los municipios, lo que excluye la intervención del gobierno estatal en la fiscalización de estos recursos.
Ahora, el Ayuntamiento de San Luis Potosí deberá solventar las observaciones o enfrentar posibles sanciones administrativas y fiscales.
