El ajusticiamiento de Madero y Pino Suárez desató una guerra civil que fracturó al país y truncó el proyecto democrático de la nación.
El asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913 marcó un punto de quiebre en la historia de México, sumiendo al país en un periodo de guerra civil que no solo enfrentó a los revolucionarios contra el gobierno de Victoriano Huerta, sino que también dio inicio a un conflicto interno entre las diversas facciones de la Revolución Mexicana. Este trágico hecho y su contexto reflejan las tensiones que existían entre el proyecto democrático impulsado por Madero y la resistencia de las fuerzas conservadoras que aún operaban bajo las estructuras del régimen porfirista.
La crisis del maderismo comenzó mucho antes del golpe de Estado que culminó con el asesinato de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. Según el historiador Santiago Portilla, una de las principales fallas de Madero fue no terminar con la maquinaria del régimen porfirista de manera definitiva. Madero, al firmar los Acuerdos de Ciudad Juárez en 1911, aceptó la continuidad de los poderes de la dictadura de Porfirio Díaz como una medida para hacer viable la negociación. Esto generó descontento y dio espacio a los levantamientos de figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, que continuaron luchando contra el régimen porfirista.
El clima de inestabilidad política y social se intensificó con la llegada de la Decena Trágica, un levantamiento armado que se desató en Ciudad de México el 9 de febrero de 1913, encabezado por figuras como Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes, a pesar de los intentos de Madero por perdonarlos en el pasado, decidieron tomar las armas una vez más en su contra. Durante diez días, la capital fue escenario de combates, lo que resultó en la captura y asesinato de Gustavo A. Madero el 18 de febrero.
Esa misma noche, Madero y Pino Suárez fueron apresados en el Palacio Nacional. En un intento por acabar con la resistencia, el golpe de Estado culminó con la firma del Pacto de la Ciudadela, que declaraba el fin del gobierno de Madero y establecía la renuncia del presidente y vicepresidente. El Congreso, bajo la presión de los golpistas, nombró a Pedro Lascuráin como presidente interino, quien a su vez renunció minutos después, dejando el camino libre para que Victoriano Huerta, Ministro de Gobernación, tomara el poder de manera ilegítima.
Huerta asumió la presidencia el 19 de febrero y, a pesar de haber prometido inicialmente que Madero y Pino Suárez serían protegidos, los acontecimientos tomaron un giro fatal. El 20 de febrero, ambos prisioneros fueron trasladados a la Penitenciaría de Lecumberri, donde fueron asesinados. Madero fue ultimado por Francisco Cárdenas, mientras que Pino Suárez intentó escapar, pero fue abatido por Rafael Pimienta. La muerte de estos dos líderes revolucionarios fue acompañada de una versión oficial falsa: Huerta alegó que Madero y Suárez habían sido víctimas de un asalto por parte de las fuerzas maderistas.
La noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez repercutió profundamente en el país y en el mundo. Mientras tanto, en el exterior, el general Porfirio Díaz, quien había sido derrocado en 1911, se encontraba en Egipto, lejos de los eventos que se desarrollaban en su país. Su ausencia, sin embargo, no impidió que su legado y las estructuras del régimen porfirista siguieran influyendo en los acontecimientos que darían lugar a una nueva fase de la Revolución Mexicana, donde las fracciones revolucionarias y el gobierno de Huerta se enfrentarían en un conflicto que aún marcaría la historia de México en los años venideros.
El ajuste de cuentas con Madero no solo significó la caída de un líder, sino el fin de un proyecto democrático que pudo haber cambiado el curso de la nación. La sangre derramada en los días siguientes a su muerte marcó la historia de un México dividido, en guerra y en búsqueda de una identidad que todavía se estaba formando.
