Administración estatal reafirma su compromiso con la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.
San Luis Potosí se ha consolidado como una de las entidades con mejores resultados en la fiscalización de los recursos públicos, al ubicarse en la octava posición dentro del ranking de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esto, como resultado de la implementación de políticas públicas responsables por parte de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocadas en la transparencia y eficiencia del gasto.
El informe de la ASF reveló que durante 2023 se realizaron 20 auditorías a diferentes fondos y programas en el estado, de las cuales 14 fueron de forma presencial y seis mediante medios electrónicos. En general, San Luis Potosí obtuvo resultados favorables, aunque se hicieron observaciones en ciertos municipios y organismos descentralizados, las cuales deberán solventarse en un plazo de 30 días tras su notificación.
Uno de los puntos señalados en el informe corresponde a la auditoría número 1779, aplicada al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2023), en la que se detectó la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria en seis municipios: Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Venado, Villa de Arista, Ciudad del Maíz y Axtla de Terrazas. La suma de los recursos pendientes de aclaración asciende a 33.6 millones de pesos.
El Gobierno del Estado, a través de la Contraloría General, había solicitado esta documentación en tiempo y forma a los municipios correspondientes, sin embargo, debido a los cambios en las administraciones municipales, se detectaron inconsistencias en los procesos de Entrega-Recepción, lo que ocasionó que la documentación aún no haya sido presentada.
Ante esta situación, la Contraloría General del Estado anunció el inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, los cuales serán turnados a los órganos internos de control municipales para que realicen las acciones necesarias y solventen las observaciones. Cabe destacar que el Gobierno del Estado transfirió los recursos en tiempo y forma conforme al calendario de ministración, por lo que la correcta aplicación de los mismos es responsabilidad directa de cada municipio.
Además de las auditorías a los municipios, la ASF evaluó el manejo de los recursos en organismos públicos descentralizados locales. En este rubro, se realizaron tres auditorías a fondos y programas, de las cuales dos correspondieron a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), implementados en la Universidad Politécnica y el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.
En el caso de la Universidad Politécnica, se detectó un requerimiento de aclaración por 3.9 millones de pesos, ya que se ejercieron recursos sin contar con la autorización de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No obstante, esta observación corresponde a una falta en el cumplimiento de procesos administrativos y no a un daño o perjuicio a los recursos públicos. La institución tendrá un plazo de 30 días para presentar la documentación correspondiente.
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos, asegurando que continuará trabajando en estrecha colaboración con los municipios y organismos descentralizados para garantizar la correcta aplicación de los fondos destinados a mejorar la calidad de vida de la población potosina.
Asimismo, se comprometió a brindar asesoría y acompañamiento a las administraciones municipales para fortalecer sus procesos administrativos y evitar futuras observaciones en el ejercicio de los recursos federales.
