Avanza en SLP el reconocimiento de los derechos de familias homoparentales: JIC

Se han concedido dos suspensiones en juicios de amparo, ordenando al Registro Civil la inscripción de menores con el reconocimiento de su doble maternidad, indicó el activista

Durante este mes de febrero, han concedido dos suspensiones en juicios de amparo, ordenando al Registro Civil la inscripción de menores con el reconocimiento de su doble maternidad, lo cual es un avance significativo para el reconocimiento de los derechos de las familias homoparentales en el estado.

Así lo dio a conocer el activista y maestro en derechos humanos, Jesús Paul Ibarra Collazo, quien detalló que, estas resoluciones marcan un precedente importante en la protección del derecho a la identidad y la no discriminación de niños y niñas nacidos dentro de familias conformadas por parejas del mismo sexo.

Explicó que, actualmente la problemática radica en que el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí continúa negando la inscripción de hijos e hijas de matrimonios igualitarios, bajo el argumento de que la legislación local no contempla expresamente la figura de la comaternidad o copaternidad.

Añadió que, esta postura ha sido cuestionada legalmente, ya que el marco constitucional y convencional protege el derecho de los menores a contar con un acta de nacimiento que refleje su realidad familiar, así como el derecho de las madres y padres a ejercer su filiación sin discriminación.

Ibarra Collazo dijo que, de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cualquier interpretación que excluya a las parejas del mismo sexo de estos trámites administrativos es contraria al principio de igualdad y no discriminación.

Además, la Corte ha reiterado que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier formalismo administrativo, garantizando su acceso a la identidad jurídica y a los derechos que de ella derivan, como la seguridad social, la educación y la nacionalidad, pero a pesar de estos avances judiciales, la necesidad de litigios estratégicos para hacer valer derechos fundamentales sigue siendo una realidad en San Luis Potosí.

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