Funcionarios omisos cometen delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, castigado con prisión, destitución, inhabilitación y multa, advierte Joaquín Lecourtois
El próximo viernes 28 de febrero, vence el plazo para que los entes auditables entreguen su Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización.
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López recordó que, “estamos a siete días hábiles, no se retrasen y mucho menos sean omisos”, pidió a los funcionarios públicos obligados.
Advirtió que, de no entregar el documento que contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria que integran de manera individual los entes obligados, los funcionarios públicos responsables estarían cometiendo el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, ya que infringe este mandato de ley, quien teniendo la obligación de presentar la Cuenta Pública, omite hacerlo.
Lo anterior, conforme a lo establecido por el Código Penal del Estado, que castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público, y multa de hasta 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. “El funcionario omiso, se arriesga a interrumpir su carrera en la administración pública durante años e incluso a perderla”, señaló Rodrigo Lecourtois.
Añadió que, es sancionable la negativa a entregar información y los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, conforme lo dicta la Ley de Responsabilidades y leyes penales.
De igual manera, en caso de que los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas, aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme a lo previsto por el Código Penal citado.
En este sentido, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; los municipios; las entidades y organismos de las administraciones públicas, paraestatal y paramunicipal; y demás entes que establezca el marco legal aplicable, se encuentran ya en cuenta regresiva para la entrega correspondiente.
