La corrupción, principal cáncer de las administraciones, municipal, estatal y federal: ERM

Gobierno federal trabaja en la creación de la Ley Nacional para la Simplificación y Digitalización, destaca Rosas Montiel

La iniciativa para crear una Ley Nacional para la Simplificación y Digitalización será un parteaguas para terminar con la corrupción y agilizar los trámites de la administración pública en sus tres niveles de gobierno, eliminando la corrupción, señaló el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, el diputado Emilio Rosas Montiel.

“La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum va a presentar una iniciativa de Ley Nacional de Simplificación y Digitalización es para eliminar la corrupción que es el principal cáncer de las administraciones, municipal, estatal y federal; va a ser un proceso digital eliminando la mordida y el gestor, es decir el error humano”, dijo.

Abundó que, esta propuesta iniciará a partir de una reforma constitucional, y la expedición de la legislación nacional en la materia, para posteriormente, realizar las armonizaciones a las legislaciones en las 32 entidades del país.

El legislador de Morena recordó que, recientemente se estableció el contacto con los presidentes de las comisiones legislativas de Desarrollo Económico en más de 20 congresos locales, por lo cual se estará trabajando en conjunto y evaluando estas propuestas.

“A partir de aquí, la presidenta va a proponer una reforma constitucional para que se permita hacer esta ley nacional y una vez que se haga esto, las Comisiones de Desarrollo Económico y Social de las 32 entidades buscaremos homologar para que se adapte a las necesidades de los estados, que se estaremos revisando a partir de las interlocuciones que tuvimos en una primera reunión con los presidentes de estas comisiones de los congresos locales”, aseveró.

Destacó que estas reformas tendrán como fin el homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención en los tres niveles de gobierno; eliminar trabas a personas y empresas; mantener buenas prácticas regulatorias; y, facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho.

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