Unicef y organismos de derechos humanos alertan sobre riesgos para adolescentes en centros penitenciarios de adultos.
Organismos internacionales, encabezados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), han manifestado su preocupación por las recientes reformas a la Ley Penal Juvenil aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, las cuales permiten que menores de edad cumplan condenas en prisiones de adultos cuando sean encontrados culpables de delitos relacionados con crimen organizado.
La medida, impulsada por el oficialismo, fue justificada por el Congreso salvadoreño como un mecanismo para evitar que adolescentes vinculados a pandillas reciban el mismo tratamiento que aquellos que han cometido delitos de menor gravedad o de forma aislada. La nueva disposición establece que los menores permanecerán en pabellones separados hasta cumplir la mayoría de edad, momento en el cual serán sometidos al régimen general de adultos.
Unicef, junto con otras entidades como el Comité de los Derechos del Niño (CRC), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), han señalado que esta decisión representa un retroceso en la protección de los derechos de los menores y contraviene compromisos internacionales asumidos por El Salvador.
En un comunicado emitido desde su oficina en Panamá, Unicef advirtió que, aunque el decreto establece la separación de los adolescentes dentro de los centros penitenciarios, la administración de estos espacios quedará en manos de la Dirección General de Centros Penales, una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia. La organización internacional alertó que el internamiento de menores en prisiones diseñadas para adultos pone en riesgo su seguridad, salud mental y emocional, y reduce sus posibilidades de reinserción social en el futuro.
Además, los organismos de derechos humanos recalcaron que la reforma contradice la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece criterios diferenciados para la justicia juvenil y exige medidas individualizadas y especializadas para adolescentes en conflicto con la ley.
El debate sobre estas reformas se enmarca en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha sido reconocida por su efectividad en la reducción de la criminalidad, pero también ha generado preocupación entre organismos internacionales por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las críticas, el Congreso salvadoreño ha defendido la reforma como una herramienta necesaria para combatir la delincuencia organizada y garantizar que los menores vinculados a pandillas reciban sanciones acordes a la gravedad de sus delitos. No obstante, las organizaciones internacionales insisten en que encarcelar a menores junto a adultos podría aumentar la reincidencia y afectar negativamente su desarrollo.
El Salvador ahora enfrenta un nuevo desafío: equilibrar su estrategia de seguridad con el respeto a los derechos humanos, mientras la comunidad internacional observa de cerca la implementación de estas reformas y sus consecuencias para la población juvenil en conflicto con la ley.
