Tennessee, Indiana, Texas y Oklahoma impulsan leyes para restringir el acceso escolar a niños sin estatus legal
La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración indocumentada ha alcanzado a los menores de edad, con propuestas en varios estados para prohibir o dificultar su acceso a la educación pública.
El mandatario autorizó redadas en lugares previamente considerados sensibles, como escuelas e iglesias, lo que ha generado reacciones divididas. Mientras que Denver presentó una demanda para impedir estas operaciones en su sistema educativo, otros estados han tomado medidas en la dirección opuesta.
En Tennessee, legisladores republicanos impulsan una propuesta que permitiría a los distritos escolares negar la matrícula a niños sin estatus legal. “Las comunidades de Tennessee no deberían pagar el precio de la inacción del gobierno federal en la frontera”, declaró el representante William Lamberth.
El gobernador Bill Lee aún no ha revisado esta iniciativa, pero previamente firmó una ley que limita las becas escolares solo a estudiantes con estatus legal comprobado.
En Indiana, un proyecto de ley permitiría a los distritos rechazar la inscripción de estudiantes indocumentados y otorgaría al fiscal general la responsabilidad de defender legalmente a las escuelas en caso de demandas. Además, exigiría a los colegios reportar datos sobre la cantidad de alumnos sin papeles y sus necesidades lingüísticas.
Texas presentó una propuesta que obligaría a los distritos escolares a contabilizar a los estudiantes indocumentados para que el estado solicite al gobierno federal un reembolso del costo de su educación.
En Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters impulsa una medida que exigiría a los estudiantes presentar pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al inscribirse. Aunque no prohibiría la matrícula de alumnos sin papeles, sí requeriría a las escuelas realizar censos sobre su presencia. Sin embargo, el gobernador Kevin Stitt se ha opuesto a la iniciativa, argumentando que la prioridad debe ser perseguir a quienes cometen delitos.
Las propuestas han generado un intenso debate sobre los derechos de los menores indocumentados a recibir educación y sobre el impacto económico de estas medidas en las comunidades locales.
