Un conjunto de 27 organizaciones religiosas interpuso una demanda contra el Gobierno de EE.UU. por permitir redadas migratorias en iglesias, argumentando que vulneran la libertad religiosa.
Un total de 27 organizaciones religiosas presentaron una demanda contra la Administración de Donald Trump, acusando que las redadas migratorias autorizadas en iglesias, escuelas y hospitales violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege la libertad religiosa.
La demanda fue interpuesta en la corte federal del Distrito de Columbia contra la orden emitida el 21 de enero por la administración Trump, que permite las redadas migratorias en lugares de culto, revocando una medida establecida por el presidente Joe Biden en 2021 que protegía ciertos espacios. Las organizaciones demandantes piden que se invalide esta nueva directiva, argumentando que las redadas en iglesias afectan la libertad religiosa y de asociación de sus fieles.
Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina (LCNN), que agrupa a unas 3,000 iglesias, expresó que esta medida ha afectado gravemente la asistencia de los fieles, quienes ahora temen por su seguridad y bienestar familiar. “La gente ya no quiere salir de sus casas, por miedo a las redadas. Es una situación comparable con la pandemia, pero con la diferencia de que ahora temen por sus vidas y la de sus seres queridos”, afirmó.
La demanda subraya que la medida de Trump contraviene la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, que establece que el gobierno no puede restringir el ejercicio de la religión sin una justificación de fuerza mayor. Las iglesias que interpusieron la demanda afirman que, al permitir las redadas en lugares de culto, se está afectando su capacidad para cumplir con su misión religiosa de proteger y acoger a los migrantes, que es un principio fundamental de su fe.
En este contexto, Kelsi Corkran, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional (ICAP), señaló que la orden de Trump ha generado un clima de miedo y agobio en las comunidades religiosas, que ya sienten una presión constante entre proteger a sus fieles y cumplir con la ley.
Las organizaciones demandantes advierten que, si la justicia mantiene la orden, las redadas podrían tener efectos devastadores en la capacidad de las iglesias para operar libremente, afectando su función de refugio y ayuda a los migrantes en situación de vulnerabilidad.
