Operación supervisada por la Casa Blanca, en el marco de la política antiinmigrante y la lucha contra bandas criminales.
La administración de Donald Trump dio inicio a las primeras deportaciones de venezolanos, en el marco de un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. En dos vuelos de la estatal venezolana Conviasa, un número no confirmado de migrantes fue deportado desde El Paso, Texas, a Venezuela, lo que marca un giro en las relaciones migratorias entre ambos países. Según estimaciones, al menos 220 personas fueron trasladadas en estos vuelos, dos semanas después de una reunión entre Maduro y el enviado especial estadounidense Richard Grenell.
Desde la Casa Blanca, se destacó que la operación forma parte de la política antiinmigrante del gobierno de Trump, que también ha señalado al Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, como un blanco de sus acciones. A pesar de la magnitud del operativo, el número exacto de deportados sigue siendo incierto.
Venezuela, por su parte, señaló que algunos de los deportados podrían estar involucrados en actividades delictivas y serán investigados al llegar al aeropuerto de Maiquetía. Maduro, sin embargo, condicionó la aceptación de más deportaciones al levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a su gobierno, e intentó dirigir la narrativa hacia el impacto de las políticas de EE. UU. en la crisis migratoria venezolana. Según el mandatario, los migrantes venezolanos han abandonado el país debido a las presiones económicas originadas por las políticas estadounidenses.
El gobierno venezolano presentó las deportaciones como parte de su Plan Vuelta a la Patria, un programa que busca traer de regreso a los migrantes, mientras Trump refuerza su postura de endurecer las políticas migratorias y combatir las redes criminales. En este contexto, el gobierno chavista también ofreció cooperación en la lucha contra el crimen organizado y los traficantes de migrantes, aunque sin pruebas claras, ha vinculado a la oposición con las actividades ilícitas.
La crisis migratoria de Venezuela, que ha llevado a casi ocho millones de personas a abandonar el país en los últimos años, sigue siendo un desafío humanitario y político para ambos países. Las deportaciones representan una nueva fase en la dinámica migratoria de la región, mientras la situación política y económica en Venezuela continúa siendo un punto de tensión en las relaciones internacionales.
