A partir del hecho inocultable de que el presidente Donald Trump está aplicando sus técnicas de negociación para ganar-ganar, la orden presidencial al Departamento de Justicia instruyendo al Departamento de Estado de usar todos los recursos de fuerza para “borrar de la faz de la tierra” a los cárteles del narcotráfico anuló el plazo de 30 días de EU a México para dar resultados en combate a las organizaciones delictivas.
La orden presidencial y su objetivo final ocurrió mientras en México todavía estaban felicitando a la presidenta mexicana por haber doblado a Trump y obligarlo a un plazo de 30 días antes de aplicar los aranceles.
A partir de la orden presidencial que es documento oficial en la historia de gobierno de Estados Unidos en la que se incluía la acusación de complicidad del Gobierno mexicano en la protección de los cárteles, fue muy iluso –y también insólito– pensar que el presidente de Estados Unidos iba a decirle a México “take your time” –tómate tu tiempo– y se iría tranquilo al Despacho Oval a tomar su Coca light.
En los hechos, la orden de Trump al Departamento de Justicia y de allí al Departamento de Estado completa el círculo burocrático interior-exterior que todos temían: la decisión de la Casa Blanca de borrar de la faz de la tierra –es decir, destruirlos por cualquier vía– es obvio que no se refiere nada más a los cárteles mexicanos que operan de manera semiautónoma dentro de Estados Unidos, sino que el involucramiento del Departamento de Estado –en manos del radical Marco Rubio que ya había atacado a México por el narcotráfico– implica una estrategia extraterritorial. Y por si hubiera alguna duda, el bloque Trump-Justicia-Estado desempolvó el programa institucional que aprobó el presidente Barack Obama en 2011 titulado Estrategia de Combate a los Organismos Criminales Transnacionales que implicó justamente una extraterritorialidad que el propio Obama no quiso usar –aunque sí dejar un documento oficial– por aquello de su legado progresista local.
Los funcionarios encargados de la operación de fronteras y narcotráfico estadunidenses tienen ya la instrucción precisa de que en el corto plazo deben de realizar operaciones para liquidar a los nueve cárteles mexicanos que tienen estructuras dentro de Estados Unidos y que ya han sido detectados con precisión por la DEA en sus evaluaciones desde 2005. En esos documentos públicos, la agencia antinarcóticos establece con claridad los tres cárteles mexicanos que dominan dentro de Estados Unidos el contrabando distribución, venta y lavado de productos del narcotráfico: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
La orden institucional anunciada el jueves pasado por el Departamento de Justicia de combatir a los cárteles de narcotráfico tendrá que derivar en el corto plazo –es decir, menos del mes que dio Trump a México en materia de aranceles– o serán regañados en público por el presidente Trump porque estarían dejándolo en ridículo.
Y si en México piensan que la orden fue para operarse dentro de Estados Unidos y que México defenderá su soberanía hasta con la vida –es decir, previendo una guerra formal e invasora–, la desarticulación brutal –que es la que se espera en el lenguaje estadounidense– de cárteles mexicanos en Estados Unidos tendrá repercusión en México porque aquí tendrá que darse un repliegue de capos, no habrá droga que contrabandear por el muro en la Guardia Nacional y los cárteles centrarán en modo de colapso.
De modo natural, sin actividades en su representación y dentro de Estados Unidos, los cárteles en México tendrán que aumentar su actividad doméstica y México estaría obligado a ir más allá de los abrazos, de los decomisos y de los narquitos detenidos y tendría que desarticular lo que el Gobierno de Estados Unidos acusó de manera oficial en documentos de su historia de administración: la “alianza intolerable de las organizaciones mexicanas del narcotráfico con el gobierno mexicano”. Trump es muy dado a declaraciones abruptas, pero el documento oficial del 1 de febrero quedó como punto referente de la decisión de Trump de aplicar castigos arancelarios a México si no desarticula las estructuras del narco en México en 30 días y de la orden Trump-Justicia-Estado para iniciar en Estados Unidos la primera ofensiva judicial y de seguridad nacional contra las células del narco dentro de su territorio.
La orden de Trump a sus dos principales departamentos por el tema del narco cambió el escenario del plazo de 30 días e inclusive pudiera estar dejando el mensaje que los aranceles quedarán solo como amenaza y que la ofensiva de EU contra los cárteles se aplicará en México con o sin su beneplácito.
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Política para dummies: la política es para salir del Estado de naturaleza hobbesiano.
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