San Francisco y otras jurisdicciones acusan al gobierno federal de actuar de manera inconstitucional
Varias ciudades y condados de Estados Unidos, incluyendo San Francisco, anunciaron este viernes que presentarán una demanda en el Distrito Norte de California contra las medidas de la administración de Donald Trump para castigar a las llamadas ciudades “refugio”, que protegen a migrantes indocumentados.
Los demandantes argumentan que las acciones del gobierno federal son inconstitucionales y buscan coaccionar a funcionarios locales para que cooperen con las autoridades de inmigración bajo la amenaza de perder financiamiento o enfrentar enjuiciamientos.
“El gobierno federal está coaccionando a los funcionarios locales para que se sometan a su voluntad o se enfrenten a la retirada de fondos o al enjuiciamiento, y eso es ilegal o autoritario. Que yo sepa, todavía vivimos en una democracia bajo el imperio de la ley”, declaró David Chiu, fiscal municipal de San Francisco.
El 20 de enero, en su primer día de mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con retirar financiamiento federal a las ciudades y estados que protejan a migrantes y con procesar a funcionarios que obstruyan los esfuerzos de deportación.
El Departamento de Justicia de EE.UU. reforzó esta postura el 21 de enero con un memorando que advierte a las jurisdicciones locales que la ley federal prohíbe cualquier obstrucción a las órdenes de inmigración. Otro documento, emitido el 5 de febrero, solicita la suspensión de fondos federales a los estados y ciudades que interfieran con las operaciones migratorias.
Chiu advirtió que la retirada de fondos federales afectaría gravemente a San Francisco, que recibe 3 mil millones de dólares al año del gobierno federal, incluyendo 8.7 millones de dólares en programas de seguridad pública.
El estado de Illinois y la ciudad de Chicago enfrentan ya una demanda por parte de la administración de Trump, que busca retener recursos federales a las jurisdicciones con políticas de protección para migrantes.
El conflicto entre ciudades “refugio” y el gobierno federal podría escalar a la Corte Suprema, mientras activistas y autoridades locales buscan defender sus políticas de inclusión y seguridad para la comunidad migrante.
