La administración republicana busca frenar leyes locales de protección a migrantes y cortar fondos a ciudades santuario.
La administración de Donald Trump ha iniciado su ofensiva legal contra las ciudades santuario, con Chicago e Illinois como los primeros objetivos de una demanda federal.
El gobierno de EE.UU. ordenó la retención de fondos federales para jurisdicciones que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), argumentando que estas políticas obstaculizan la aplicación de la ley federal.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda para declarar inconstitucionales las normativas de Chicago y otras ciudades, alegando que interfieren con el cumplimiento de la ley de inmigración.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, reafirmó su postura a favor de los migrantes:
“Chicago es y seguirá siendo una ciudad acogedora. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes y protegeremos a los trabajadores de nuestra ciudad”, declaró.
La demanda también ataca la Ley de Confianza de Illinois (TRUST), que prohíbe a la policía local actuar como agentes de inmigración, salvo en casos de órdenes penales federales.
El gobernador JB Pritzker defendió la legislación, asegurando que el Estado prioriza el combate al crimen sin criminalizar a los inmigrantes.
La administración Trump ya intentó retirar fondos a las ciudades santuario en su primer mandato (2017-2021), pero los tribunales bloquearon la medida. Ahora, con una Suprema Corte más conservadora, el panorama legal es incierto.
