Claudia Sheinbaum advirtió que vetará una ley en el Senado que permitiría descontar hasta el 40% del salario de los trabajadores para el pago de créditos de nómina.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su enérgico rechazo a una iniciativa en el Senado que busca permitir que bancos e instituciones financieras descuenten directamente hasta el 40% del salario de los trabajadores para el pago de créditos de nómina. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum dejó claro que, en caso de que esta ley sea aprobada por el Senado, la vetará.
“No quiero dejar de decirlo: hay una ley en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obligue a un empleador a descontarles a los trabajadores el crédito vía nómina”, indicó la mandataria. “Nosotros no estamos de acuerdo con eso, que quede claro, el salario del trabajador es el salario del trabajador”, subrayó.
La iniciativa en cuestión, que ha generado fuertes polémicas, propone retener hasta un 40% del salario de los trabajadores, lo que incluiría no solo el sueldo base, sino también prestaciones como aguinaldo y utilidades, con el objetivo de evitar el incremento de cartera vencida entre las entidades financieras.
El proyecto ha sido impulsado por comisiones del Senado, pero se ha enfrentado a un enérgico rechazo por parte de legisladores de oposición, quienes han calificado la reforma como una “tienda de raya moderna”, lo que refuerza las críticas por la posibilidad de que esta medida afecte directamente los derechos salariales de los trabajadores.
Por su parte, la presidenta advirtió que si la reforma es aprobada por el Senado, la vetará de inmediato. “El salario de los trabajadores es intocable”, recalcó Sheinbaum, destacando que existen otras maneras en las que las instituciones financieras pueden operar, pero sin violar el derecho del trabajador a disponer de su salario de manera libre.
La discusión sobre esta reforma ha sido pospuesta por el Senado, y se espera que se retome en los próximos días. Mientras tanto, las voces en contra siguen creciendo, exigiendo una revisión más profunda sobre los efectos que esta medida podría tener en la economía familiar de los trabajadores mexicanos.
