Se entiende bien el compromiso derivado de la negociación personal de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, México tiene 30 días para atender el principal problema con Estados Unidos, con la espada de Damocles de que en un mes se podría iniciar la aplicación de 25% de aranceles si a juicio de la Casa Blanca no hay resultados en narcotráfico.
Estados Unidos no está pidiendo cifras de decomisos o acomodos porcentuales de la inseguridad en México, sino que acusó a Palacio Nacional del narcoestado que existe en México porque, a juicio de la Casa Blanca hay “una intolerable alianza” de los cárteles del narcotráfico “con el Gobierno de México”. No arrestos, no cargamentos, no cifras, sino evidencias concretas de destrucción del aparato físico y territorial de producción de droga en la zona de Sinaloa.
EU tienen sus cárceles al Chapo Guzmán como gran capo, a sus hijos como encargados del área de contrabando de fentanilo y al Mayo Zambada como responsable del Cártel de Sinaloa, pero la droga se sigue produciéndose en México, continúa contrabandeándose a Estados Unidos, se sigue vendiendo en las calles americanas y las sobredosis de adictos aumentan los fallecimientos de americanos.
El mensaje enviado desde Estados Unidos con la declaración oficial del presidente Trump en un documento que forma parte de la historia de la administración actual acusa al gobierno mexicano de una “alianza” con los narcotraficantes. Es decir, y no se necesita mucho análisis de inteligencia: que las estructuras de producción y contrabando de drogas tienen una capacidad de gestión qué, también en las evaluaciones americanas, solo pueden ser posibles con la complicidad gubernamental.
La parte más fácil de los compromisos de Palacio Nacional con la Casa Blanca fue el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional de la zona sur a la frontera norte, porque la parte más complicada no será aumentar los decomisos ni los arrestos de traficantes-mulas, sino romper la alianza narcos-Estado en Sinaloa y otras zonas de la república, si sigue vigente la aceptación del actual gobernador Rubén Rocha Moya de que pactó con el cártel del Chapo–Mayo para llegar a la gubernatura.
Lo que pide Estados Unidos es un cambio de estrategia en México y lo hace de manera arbitraria como primer afectado del tráfico de drogas que consumen sus adictos. Lo más lógico y sencillo sería que en la Casa Blanca criminalizara –en un acto extremo– el consumo de drogas, pero en los últimos años se legalizó la marihuana y se modificaron los porcentajes de posesión de droga para consumo personal, dos decisiones que aumentaron la oferta de droga para satisfacer la demanda.
El gran dilema del Gobierno de la presidenta de Sheinbaum está en la mesa de negociaciones: mantener el modelo –con relativa flexibilidad– de “abrazos, no balazos” para eludir la violencia delincuentes-fuerzas de seguridad y trabajar con objetivos y resultados de muy largo plazo sobre las causas sociales, es decir, la pobreza que permite que el narcotráfico tome el control de territorios que pertenecían a la soberanía del Estado para crear zonas francas delictivas por la complicidad de funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
En términos de las percepciones desde Estados Unidos, esta estrategia no disminuyó la producción de droga para el consumo en territorio americano, ni siquiera con el arresto de algunos grandes capos. Por ello de alguna manera el Gobierno de Trump ya adelantó sus puntos importantes para las negociaciones que se iniciarían dentro de 30 días que vence el plazo: destruir físicamente las estructuras del narco mexicano que produce cocaína, heroína y sobre todo fentanilo y no examinar las cifras de decomisos o arrestos.
Sobre México penden también como espada de Damocles tres decisiones abiertas del Gobierno de Estados Unidos: caracterizar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, ejercer la extraterritorialidad que está contenida en la definición de los carteles como organizaciones criminales trasnacionales y envío de fuerzas especiales estadounidenses a México para destruir físicamente las estructuras del narcotráfico.
Con estos tres puntos y la acusación del Gobierno de Estados Unidos –la Casa Blanca y Trump– de que “las organizaciones de narcotraficantes mexicanos tienen una intolerable alianza con el Gobierno de México” será con la que abrirá EU las discusiones en las mesas de negociación que aceptó la presidenta Sheinbaum.
En este contexto, México tiene 30 días para iniciar la destrucción física de las posesiones y posiciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco. Si Estados Unidos queda insatisfecho con los datos que le presenten, pasará a su Plan B: acción americana directa en territorio mexicano.
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