Fue presentado el Informe General Cuenta Pública 2023, a integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso
Falta de documentación comprobatoria, obra pública a sobreprecio y entrega irregular de apoyos a través de los programas sociales, son las principales observaciones a las cuentas públicas 2023 de los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, detectadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Durante la presentación del “Informe General Cuenta Pública 2023” a las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, la secretaria técnica del IFSE, María de los Ángeles Sánchez Lam lamentó que, pese a que han realizado capacitaciones a los ayuntamientos sobre cómo integrar sus cuentas públicas, persiste la falta de profesionalización en los mandos que derivan en que se repita la falta de documentación en la comprobación del gasto público.
“Las obras a veces están infladas, hacemos compulsas a los proveedores de obra dos veces al año para ver en cuánto andan los precios del cemento, varilla y grava y si estos precios que ellos manejaron no coinciden con lo que nos reportan observamos. Otra cosa que también estuvo observada fue la entrega de apoyos sociales porque es parte la planeación que traen a nivel federal y estatal para la entrega de apoyos, sin embargo, en los municipios las personas que operan estos programas no cumplen la mayoría de las veces con los requisitos”, estableció.
Durante el informe se dio cuenta que el IFSE realizó 179 auditorías a las cuentas públicas 2023 de los 112 entes auditables de entonces, de las cuales el 75 por ciento fueron financieras y de cumplimiento.
Aunque no se dieron detalles de las observaciones detectadas, al Ejecutivo estatal le aplicaron auditorías a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación (SEGE), Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Oficialía Mayor, Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Secretaría General de Gobierno.
También, a dependencias descentralizadas como los Servicios Estatales de Salud, el Instituto Potosino del Deporte, Colegio de Bachilleres, el Centro de Convenciones, el Hospital General “Ignacio Morones Prieto”, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Económico (Sifide), el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Sistema Conalep, Sistema Cecyte, Instituto Temazcalli, Instituto de Educación para Adultos, Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), Instituto de las Mujeres (IMES), Instituto Tecnológico Superior de Rioverde, el de Tamazunchale, la Universidad Intercultural, los parques Tangamanga, el Centro de Las Artes, la Universidad Politécnica, la Comisión Estatal del Agua y la Junta Estatal de Caminos.
En general a los 112 entes auditables le fueron observados 697 millones 801 mil 391.6 pesos plasmados en pliegos y otros mil 699 millones 924 mil 267 pesos está en curso su aclaración, mientras que 14 millones 294 mil 594 pesos fueron resarcidos casi en su totalidad por el Ayuntamiento de la capital al no ejercerlos según lo planeado.
