Los cinco integrantes del comité argumentan imposibilidad jurídica para continuar con el proceso encomendado.
El pasado lunes 27 de enero, los cinco integrantes de la Comisión de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron su renuncia inmediata e irrevocable, señalando la “inviabilidad de la tarea constitucional” que les fue asignada. Este acto ocurre tras el fallo del Tribunal Electoral, que transfirió al Senado la responsabilidad de definir a los candidatos en el proceso de elección judicial.
En un comunicado dirigido a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los miembros renunciantes expresaron su reconocimiento hacia los ministros y el equipo de apoyo, pero subrayaron que el contexto jurídico actual dificulta continuar con las labores para las que fueron designados.
El comité estaba integrado por Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo.
“Aceptamos el cargo con la convicción de que podríamos garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de elección derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial”, señalaron. Sin embargo, admitieron que, pese al esfuerzo inicial y a una agenda intensa de actividades, “hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”.
Desde su instalación, la comisión se había enfocado en identificar y seleccionar a los mejores perfiles para los cargos judiciales, basándose en criterios profesionales y en las decisiones jurisdiccionales correspondientes.
Este episodio marca un nuevo desafío para el sistema judicial en México, ya que la renuncia del Comité genera incertidumbre respecto al futuro del proceso de selección de jueces y magistrados.
La Comisión, establecida como parte de la reforma constitucional al Poder Judicial, buscaba fortalecer la autonomía y calidad del sistema judicial a través de un proceso riguroso de selección de candidatos. No obstante, la reciente intervención del Tribunal Electoral, que designó al Senado como responsable de la definición de los candidatos, fue señalada como un factor que complicó el cumplimiento de las funciones del Comité.
“Agradecemos la oportunidad de haber participado en este ejercicio y reiteramos nuestro compromiso por trabajar por los derechos humanos, la democracia y el Estado Constitucional de Derecho”, concluyó el comunicado firmado por los miembros.
