La Ley Santi 2.0, inspirada en la lucha ciudadana por calles más seguras, promete transformar la movilidad y seguridad vial en el estado con propuestas innovadoras e inclusivas
Con el propósito de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, San Luis Potosí presentó la Ley Santi 2.0, una actualización clave que busca transformar la movilidad urbana y rural en el estado. Inspirada en Josué Santiago (“Santi”), un ciclista que sufrió un grave accidente vial en 2024, esta iniciativa ciudadana responde a una deuda histórica en la materia.
La Ley Santi toma como base la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial emitida en 2022, que obliga a los estados a armonizar sus leyes locales. San Luis Potosí no solo cumple con esta obligación, sino que añade innovaciones que posicionan la ley como un referente nacional, al incluir consultas a personas con discapacidad y priorizar la participación ciudadana.
La propuesta incluye una serie de elementos innovadores que buscan resolver problemas clave de movilidad.
Sistema Estatal de Movilidad: Este organismo coordinará las políticas públicas en la materia, con base en estadísticas y datos confiables, garantizando la planificación a largo plazo.
Tarjeta única de pago: Permitirá a los usuarios utilizar distintos medios de transporte público de forma sencilla, mejorando la eficiencia del sistema.
Impulso al ciclismo: Se prevé la creación de un plan maestro de ciclovías, biciestacionamientos en puntos estratégicos y sistemas de bicicletas públicas similares a Ecobici en Ciudad de México.
Electromovilidad: La ley contempla la transición hacia transporte público eléctrico, haciendo de San Luis Potosí el octavo estado del país en implementar esta tecnología.
Videovigilancia en transporte público: Con cámaras en tiempo real, se busca reducir delitos y ofrecer mayor seguridad a los usuarios.
Intermodalidad: La infraestructura se diseñará para conectar eficientemente taxis, autobuses, ciclovías y sistemas futuros como el redmetro o teleféricos.
La ley también brinda certeza jurídica para la construcción de grandes proyectos de movilidad, como sistemas de transporte público masivo y asociaciones público-privadas, esenciales para detonar la inversión y modernización del estado.
La Ley Santi 2.0 prioriza a los grupos vulnerables, como niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando que sus necesidades sean consideradas en las políticas de movilidad. Además, al promover el transporte público y el uso de bicicletas, busca reducir la huella ambiental y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Un aspecto destacado de la Ley Santi es su enfoque participativo. Desde su concepción, la ciudadanía ha tenido un papel clave, garantizando que las políticas respondan a las necesidades reales de la población.
Aunque la Ley Santi 2.0 representa un avance significativo, su implementación requerirá de la voluntad política, recursos suficientes y un esfuerzo conjunto entre gobierno, sociedad y sector privado. Los expertos coinciden en que este es solo el primer paso para transformar la movilidad en San Luis Potosí y convertirla en un ejemplo para el resto del país.
La historia de Josué Santiago se ha convertido en un símbolo de lucha por calles más seguras. Con esta ley, su nombre quedará marcado como un punto de inflexión en la historia de San Luis Potosí, donde la movilidad dejará de ser un privilegio para convertirse en un derecho accesible para todos.
