Yoon Suk Yeol, presidente suspendido de Corea del Sur, enfrenta cargos por conspiración en relación a la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, en un caso que ha provocado una crisis política histórica en el país.
La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado al suspendido presidente Yoon Suk Yeol en el marco de la investigación sobre la fallida declaración de ley marcial promulgada el pasado 3 de diciembre. Esta decisión desató una histórica tormenta política en el país, convirtiendo a Yoon en el primer presidente surcoreano imputado por insurrección bajo detención y suspensión de funciones.
Según la agencia de noticias Yonhap, el pliego de cargos contra Yoon detalla que el mandatario conspiró con el entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, para incitar a una insurrección mediante la declaración de la ley marcial y el despliegue de fuerzas militares en la Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano, con el objetivo de impedir que los diputados anularan el decreto. Aunque el intento fue fallido y el Parlamento anuló la ley en pocas horas, la acción ha tenido un impacto político profundo en el país.
El presidente Yoon fue arrestado el 19 de enero después de negarse repetidamente a comparecer ante el tribunal. La orden de arresto expiraba en cuestión de horas, lo que llevó a la medida de detención para garantizar su presencia en el proceso judicial.
El 21 de enero, Yoon compareció ante el Tribunal Constitucional, en su primera intervención pública en el juicio político en su contra. Durante su declaración, expresó su “fe en la democracia liberal” y defendió su posición sobre la ley marcial, asegurando que fue una medida necesaria en un contexto de crisis. El juicio continúa, y el máximo tribunal del país tiene hasta junio para decidir si ratifica su destitución, aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre, o si lo restituye en el cargo.
Si el Tribunal Constitucional ratifica su destitución, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte, lo que sumaría aún más incertidumbre política en un país ya dividido por el escándalo.
