Las primeras acciones del segundo mandato de Donald Trump, incluidas medidas para eliminar la ciudadanía por nacimiento, encuentran resistencia en los tribunales y los estados demócratas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado su segundo mandato con una ofensiva migratoria que ha encontrado un obstáculo importante: las cortes federales y la Constitución del país. Apenas cuatro días después de asumir su segundo término, un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente el decreto presidencial que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.
El magistrado John C. Coughenour calificó el decreto como “claramente inconstitucional” al contradecir la Enmienda 14, que garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense. La decisión ha pausado la implementación de la medida durante 14 días, aunque se prevé una prolongada lucha legal que podría llegar al Tribunal Supremo.
Este fallo subraya una estrategia anticipada por expertos y organizaciones de derechos civiles: enfrentarse a las acciones del presidente en las cortes. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ya lidera varias demandas, este patrón no es nuevo. “Hemos enfrentado con éxito medidas similares durante el primer mandato de Trump, y estamos listos para hacerlo de nuevo”, asegura la organización.
En paralelo, 22 estados han presentado demandas contra la medida de Trump, uniendo fuerzas para frenar lo que consideran una amenaza a principios fundamentales de la Constitución.
Trump no ha limitado su agenda a la ciudadanía por nacimiento. Entre otras propuestas, ha planteado reemplazar el impuesto sobre la renta con aranceles más altos y bromeado sobre extender el límite de dos mandatos presidenciales, un tema que ya ha generado debates en el Congreso.
Para el politólogo Justin Crowe, del Williams College, las propuestas del presidente no solo reflejan su agenda conservadora, sino también una estrategia política. “Trump busca lanzar una gran cantidad de iniciativas, aunque no todas sobrevivan a los tribunales. Esto refuerza su imagen entre sus votantes mientras desvía la atención de otros temas”, afirma.
Aunque enfrenta resistencia legal, Trump cuenta con el respaldo de un Congreso controlado por republicanos y un Tribunal Supremo con mayoría conservadora, lo que podría inclinar la balanza a su favor en ciertas iniciativas. Sin embargo, el camino no será sencillo, dado que muchas de sus propuestas desafían precedentes legales e históricos.
La narrativa de Trump sobre la inmigración ha sido clave para movilizar a sus seguidores, presentando el tema como una crisis política que requiere soluciones drásticas. Según Crowe, esta estrategia busca generar apoyo público para medidas que, aunque polémicas, podrían superar ciertos obstáculos legales.
Con una agenda que combina medidas radicales y un discurso provocador, el presidente estadounidense parece decidido a poner a prueba los límites del sistema legal y constitucional del país en su segundo mandato.
