Pensiones millonarias amenazan la estabilidad financiera de la Dirección Estatal.
La Dirección de Pensiones enfrenta una grave crisis financiera debido a los altos montos que se destinan mensualmente a jubilados privilegiados, beneficiados por gobiernos estatales anteriores. Según fuentes oficiales, entre los casos más notorios, al menos tres ex trabajadores perciben pensiones superiores a los 118 mil pesos mensuales: Roberto Escalante Cuellar (121 mil), Elodia Ortiz Cedillo (120 mil) y Carlos Cuevas Gómez (casi 119 mil pesos).
El impacto de estas pensiones privilegiadas es alarmante. Al menos 44 jubilados reciben más de 80 mil pesos mensuales, y en conjunto, las pensiones de estos ex trabajadores representan una erogación de más de 5 millones de pesos mensuales.
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“Estos montos exorbitantes ponen en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones, que lucha para cumplir con sus compromisos financieros,” señaló un experto en finanzas públicas.
Los beneficios desproporcionados, resultado de acuerdos entre las administraciones de Juan Manuel Carreras, Fernando Toranzo y Marcelo de los Santos con sindicatos estatales, permitieron la creación de puestos sindicalizados con sueldos elevados. Esto ha derivado en pensiones que exceden ampliamente los estándares del sistema.
Desde el inicio de la administración, el Gobierno de Ricardo Gallardo, detectó que uno de los mecanismos empleados fue autorizar aumentos del 20% al sueldo tabulado de ciertos trabajadores justo antes de su jubilación, lo que incrementó significativamente el monto de sus pensiones sin considerar la estabilidad financiera del fondo.
“El sistema de pensiones enfrenta un desafío crítico; si no se toman medidas, habrá serias dificultades para sostener las jubilaciones futuras,” advirtieron especialistas.
Ante esta problemática, se ha planteado realizar auditorías exhaustivas para identificar irregularidades en el otorgamiento de pensiones, renegociar esquemas de pagos excesivos y garantizar que el sistema sea sostenible.
La situación subraya la necesidad de reformar el sistema de pensiones para evitar la descapitalización y garantizar el acceso equitativo y sostenible para todos los trabajadores en el futuro.
