18 estados con gobiernos demócratas interponen una demanda contra el presidente Donald Trump por su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, argumentando que infringe la Enmienda 14 de la Constitución.
El 21 de enero de 2025, un grupo de 18 estados de EE.UU. con gobiernos demócratas presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por su intento de revocar la ciudadanía por nacimiento a través de una orden ejecutiva, firmada poco después de asumir su segundo mandato. El recurso legal sostiene que el decreto presidencial es “ilegal” y vulnera la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que otorga la nacionalidad automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El decreto, que apunta a impedir que los hijos de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal” (como aquellos con visa de trabajo o turista) obtengan la ciudadanía, ha sido ampliamente criticado por los estados demandantes, entre los que se encuentran Nueva York, California, Colorado, así como las ciudades de Washington y San Francisco. En el recurso, los estados argumentan que el presidente no tiene autoridad para modificar o anular una enmienda constitucional, advirtiendo que la implementación de este cambio causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.
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La eliminación de la ciudadanía por nacimiento dificultaría el acceso de los niños nacidos de padres indocumentados a derechos básicos, como la obtención de pasaportes y el reconocimiento como ciudadanos por parte del Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social. Esto también obstaculizaría su capacidad de trabajar legalmente en el país.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido una causa recurrente de los grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho durante su primer mandato (2016-2021), pero nunca lo implementó. Para llevar a cabo tal reforma, los expertos explican que la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, un proceso que requeriría la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado, además de la ratificación por tres cuartas partes de los estados.
Según datos del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1.3 millones de adultos en EE.UU. cuyos padres no tenían estatus legal. Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso señala que, bajo la interpretación actual de la Enmienda 14, los hijos de migrantes indocumentados son considerados ciudadanos estadounidenses. No obstante, el Tribunal Supremo aún no ha resuelto de manera definitiva la cuestión, lo que deja abierta la posibilidad de futuros cambios en la interpretación.
