El presidente destituido defiende la legitimidad de sus acciones, mientras el tribunal evalúa la ampliación de su detención hasta 20 días.
Este sábado, el presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, compareció ante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl para justificar la legitimidad de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que provocó su destitución solo once días después.
Escoltado por una comitiva de seguridad, Yoon llegó al tribunal poco después de las 13:30 horas (hora local). En una audiencia que se prolongó por cinco horas, Yoon presentó su defensa durante 40 minutos, mientras que la acusación y su equipo legal invirtieron 70 minutos cada uno en sus respectivos alegatos.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
“El presidente explicó y respondió fielmente sobre los hechos, las pruebas y las cuestiones jurídicas”, declaró su abogado, Yun Gap-geun, tras la audiencia.
En el exterior del tribunal, más de 12 mil simpatizantes se congregaron coreando su nombre y ondeando banderas de Corea del Sur y Estados Unidos. La manifestación derivó en pequeños altercados con la policía cuando algunos intentaron ingresar al recinto.
El arresto de Yoon, realizado el miércoles tras un asedio prolongado a su residencia, es parte de una investigación liderada por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO). Se evalúa si su declaración de la ley marcial constituye un intento de insurrección, un delito del que los presidentes surcoreanos no tienen inmunidad.
La CIO presentó una solicitud para extender la detención de Yoon hasta 20 días, decisión que el tribunal podría emitir entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. De no aprobarse, Yoon regresará a su residencia para continuar con su defensa.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur evalúa si confirma su destitución o lo restituye en el cargo antes de junio. Yoon, primer presidente surcoreano en ser detenido durante su mandato, asegura que su acción fue un “ejercicio de autoridad presidencial” legítimo, y no un crimen.
El caso representa un momento inédito en la política surcoreana, con implicaciones legales y constitucionales que podrían sentar precedentes sobre los límites del poder presidencial en situaciones excepcionales.
