Se abre la posibilidad a ciudadanas y ciudadanos que puedan participar en el proceso y se amplía el plazo para recepción de registros, destacan
La Convocatoria pública para las personas que decidan participar en la designación del o la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí para el periodo 2025-2029 será modificada mediante dos enmiendas ordenadas por la comisión legislativa de Derechos Humanos.
En reunión de comisión, se dio a conocer que, la primera enmienda fue por un escrito del ciudadano Juan Manuel Frías Sánchez, quien exigió al Congreso del Estado a través de la Diputación Permanente, sea respetado el principio de paridad de género y la alternancia de género, por lo que exige que la persona ombusdperson que sea designada por el Legislativo local sea hombre toda vez quien culmina su periodo es Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
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Al respecto, por unanimidad de las y los tres diputados presentes y quienes estaban por vía remota, acordaron que si bien la Ley Estatal de la CEDH efectivamente contempla la alternancia de género, la Constitución Política federal asienta que nadie puede ser privado de su derecho a participar, por lo que la redacción de la primera enmienda no sólo permite la participación para reelección de la actual presidenta, sino que hace incluyente el documento al quitar “hombres y mujeres” por “personas” en el abanico de posibles aspirantes.
Derivado de lo anterior, la segunda enmienda busca que ante la confusión que ha generado la Convocatoria, se amplía el periodo para registro de aspirantes que antes era del 20 al 31 de enero y ahora será del 20 de enero al 7 de febrero.
También, dentro de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de San Luis Potosí fue recibido un escrito de la comerciante María de Lourdes Rodríguez Rodríguez, quien pidió el auxilio de la instancia legislativa para que la CEDH resuelva a su favor queja en contra de personal de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a quienes acusa de violencia física, verbal y sicológica reiterada desde el 2016.