“Todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos y protegerlos”, señalaron
Los anuncios recientes del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible reinstauración de políticas migratorias restrictivas, han generado una ola de reacciones en los países latinoamericanos. El programa “Quédate en México” (Remain in Mexico), que fue implementado en 2019 durante su primer mandato, está nuevamente en el centro de la controversia. Este programa obligaba a miles de solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos en cortes estadounidenses, exponiéndolos a condiciones peligrosas y muchas veces inhumanas en zonas fronterizas. Aunque esta política fue suspendida por el actual presidente Joe Biden en 2021, argumentando que tenía defectos endémicos y altos costos humanos, Trump ha indicado su intención de reinstaurarla de manera inmediata, acompañado de la eliminación de herramientas tecnológicas como CBP One, que actualmente permite programar entrevistas con autoridades migratorias.
Ante esta situación, ministros, viceministros y delegados de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela se reunieron recientemente para abordar el tema migratorio en la región. La declaración conjunta emitida tras este encuentro refleja una profunda preocupación por los anuncios de deportaciones masivas y políticas migratorias que, según los representantes, violan los principios fundamentales de los derechos humanos. Los líderes subrayaron la importancia de trabajar en un enfoque cooperativo y humanista para manejar los flujos migratorios, haciendo hincapié en que todas las personas migrantes, independientemente de su situación legal, poseen derechos inalienables que los estados tienen la obligación de respetar.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asumido un papel central en la respuesta a estas amenazas. En declaraciones recientes, aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar posibles deportaciones masivas de mexicanos desde Estados Unidos, con una estrategia integral que incluye la creación de espacios de acogida en la frontera y en otras regiones del país. Además, indicó que se garantizará el acceso de los repatriados a programas sociales, empleo y oportunidades de reintegración en sus comunidades de origen. Según Sheinbaum, el plan no solo abarca los estados fronterizos, sino que se extiende a todo el territorio nacional para asegurar una respuesta coordinada y efectiva.
El diálogo con Estados Unidos también será clave en esta estrategia. Sheinbaum anunció que se establecerán reuniones de alto nivel con el gobierno de Trump para abordar temas de interés mutuo, como la migración, el tráfico de armas y drogas, y las relaciones comerciales. La presidenta mexicana enfatizó la importancia de exigir a Estados Unidos que asuma su parte de responsabilidad en la crisis migratoria, especialmente en relación con el tráfico de armas que alimenta la violencia en México y otros países de la región. Además, destacó que, si bien la migración es un fenómeno complejo, es esencial atacar sus causas estructurales, como la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades en los países de origen.
En esta línea, México ha intensificado su cooperación con países de Centroamérica y Sudamérica. En colaboración con Honduras y otras naciones de la región, se han diseñado proyectos conjuntos para promover el desarrollo económico y social en las comunidades más afectadas por la migración. Sheinbaum señaló que la mayoría de las personas migran por necesidad y no por elección, y que es fundamental crear condiciones que permitan a estas personas prosperar en sus lugares de origen. Estas iniciativas incluyen inversiones en infraestructura, educación y generación de empleo, con el objetivo de ofrecer alternativas viables a quienes enfrentan la difícil decisión de emigrar.
La declaración conjunta de los países reunidos también abordó las medidas coercitivas unilaterales, como las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países, que han agravado las crisis humanitarias en América Latina y el Caribe. Los líderes señalaron que estas sanciones no solo impactan a los gobiernos, sino que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, exacerbando las desigualdades y fomentando la migración irregular. En este contexto, hicieron un llamado a eliminar estas medidas y a fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los desafíos migratorios de manera conjunta.
Además, los países participantes subrayaron la necesidad de fortalecer los sistemas migratorios y de protección internacional, implementando políticas que garanticen una migración segura, ordenada y regular. Estas medidas incluyen la provisión de asistencia básica para personas en movilidad, el intercambio de información sobre flujos migratorios y la promoción de retornos voluntarios y asistidos, asegurando que estos se lleven a cabo de manera digna y respetuosa.
El desafío de gestionar los flujos migratorios en América Latina no es nuevo, pero las recientes declaraciones de Trump han puesto de manifiesto la necesidad urgente de soluciones integrales y sostenibles. Los países de la región han dejado claro que no permitirán que se socaven los derechos de los migrantes ni que se desestabilicen sus comunidades por políticas unilaterales y punitivas.
En este contexto, la unidad regional y la colaboración con organismos internacionales, sociedad civil y otros actores clave serán fundamentales para proteger la dignidad de millones de personas en situación de movilidad. La declaración final del encuentro enfatizó que, a pesar de las tensiones, América Latina buscará mantener un diálogo constructivo con Estados Unidos, pero sin renunciar a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de un enfoque más equitativo y solidario en la gestión de la migración.
